La constructora de la nueva sede del Obispado de Bilbao quiebra y pone en cuestión el proyecto

La empresa Murias, constructora del nuevo edificio del Obispado de Bilbao y muy conocida en Euskadi, ha entrado en concurso de acreedores. Ello pone en cuestión la continuidad de este proyecto religioso que tiene una amplia contestación de los vecinos de la zona agrupados en la asociación Abando Habitable. “La entrada en concurso de Construcciones Murias hace tambalear el pelotazo del Obispado”, han señalado desde la asociación, que considera positivo para su fin, que es la paralización del proyecto, que la vía judicial que se ha iniciado pueda “parar los obras”. El proyecto, ubicado en el centro de la capital vizcaína, en el solar que antes ocupaba la escuela de Magisterio (BAM), agrupará en un edificio de siete plantas los diferentes servicios del Obispado para lo que se destinará el 60% del inmueble. El resto lo ocupará Mutualia, que ubicará allí una clínica privada. El espacio que ocuparán serán aproximadamente 7.000 y 6.000 metros cuadrados, respectivamente.

Desde Abando Habitable indican que “los 70 millones de deuda de varios acreedores, que han hecho que se rescindieran varios contratos de Murias, han hecho que finalmente el juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián inicie el procedimiento concursal el pasado 11 de marzo”. “Una vez más, el pelotazo del Obispado se tambalea”, defienden. Sin embargo, desde el Obispado no consideran que este vaya a ser el punto final del proyecto y anuncian que “tomará las acciones que considere oportunas para que este proyecto pueda desarrollarse respetando los compromisos adquiridos por las partes”, aunque reconoce que, de momento, “se desconoce en qué medida esta nueva situación podría afectar a la obra en marcha desde hace unos meses”.

A partir de ahora se abre un abanico de posibilidades, todas ellas dependientes de las decisiones que tome el juzgado y el administrador concursal de la empresa que es propiedad del Grupo Urbas desde 2020, momento en el que como recuerdan desde Abando Habitable, “la compró y la salvó de la quiebra, al menos por unos años”. Puede ser que el grupo Urbas tome la alternativa de finalizar las obras o que haya que buscar otra constructora si se quiere seguir adelante con el proyecto.

Se da la circunstancia de que otra empresa del grupo Urbas, Construcciones Urrutia, dejó a medias las obras de una de las torres que se está construyendo en San Mamés, en régimen de cooperativa, después de exigir a los cooperativistas más dinero del que había comprometido para finalizarla porque no cubría el incremento de costes. La construcción la ha asumido finalmente la empresa Vusa.

A la espera de quién asuma finalmente la construcción lo cierto es que el proyecto del Obispado lleva un retraso considerable sobre lo que estaba previsto. Las obras arrancaron en septiembre de 2022, aunque se anunció en 2019 y se esperaba que estuviera operativo en 2021. “El edificio que estaría listo para diciembre de 2021, todavía está en las fases iniciales de su excavación. Primero, porque el concurso puede parar las obras, y segundo porque el Grupo Urbas, que ha comprado más empresas a punto de la quiebra, también se encuentra en dificultades económicas y, este año, se enfrenta a un juicio en la Audiencia Nacional por estafa en la ampliación de capital que sentará en el banquillo a su presidente y expresidente”, recuerdan desde Abando Habitable.

Esta asociación tiene presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la licencia de construcción que pone en duda la legalidad del proyecto clínico-obispal, y que “está ya visto para sentencia”. Por ello, consideran que “el posible parón de las obras es positivo para el colectivo vecinal, pues dará tiempo a que el TSJPV aclare las dudas que hay sobre la legalidad del proyecto”, señalan. Esta asociación espera que el TSJPV avale su denuncia después de que el juzgado de lo contencioso-administrativo fallara en su contra y que rechazara que se hubiera incumplido la finalidad de interés general que justificó la modificación puntual del PGOU (plan general de ordenación urbana) de Bilbao al introducir a Mutualia en la ecuación. El proyecto ya sorteó en el Tribunal Supremo una denuncia de Ekologistak Martxan, que denunció la operación ante el alto tribunal al entender que se había sorteado la ley para dar cabida a “un pelotazo urbanístico”. El Supremo avaló la legalidad del proyecto.