Donostia no descarta que se frustre la gran operación urbanística en los cuarteles militares de Loiola

El Ayuntamiento de Donostia ha aprobado este martes la suspensión temporal de la compra de los Cuarteles de Loiola a la espera de que la Dirección de Costas decida si acepta las alegaciones presentadas para que la zona de deslinde se sitúe finalmente en 20 metros. El plazo para ratificar el convenio suscrito con el Ministerio de Defensa para proceder a la compra de los terrenos finalizaba el 18 de agosto, lo que hace imposible que se pueda firmar el acuerdo antes de tener clara la decisión sobre el deslinde, después de que Costas, tras perder los terrenos en carácter militar, decidiera ampliar la distancia respecto al río Urumea de 20 a 100 metros. En estos momentos, Costas se encuentra estudiando las alegaciones presentadas por el propio Ayuntamiento, el Ministerio de Defensa y la Agencia Vasca del Agua (URA).

El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha dado cuenta este martes de la decisión del ayuntamiento de proceder a la suspensión temporal, acordada con el Ministerio de Defensa, a la que no se ha atrevido a poner fecha. “Estamos en manos de terceros”, ha dicho. De hecho, aunque ha confiado en que se solucione todo a partir de septiembre, tampoco ha descartado que finalmente se frustre la operación, que se ha encontrado con un nuevo obstáculo en el camino: el recurso contra el convenio presentado ante la Audiencia Nacional por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, de ideología ultra y vinculada con la Fundación Francisco Franco. En principio, la suspensión temporal de la firma de compra-venta estará operativa hasta que Costas tome su decisión sobre el deslinde y hasta que se clarifique este recurso, que de prosperar podría llevar toda la operación a la casilla de salida.

Goia ha señalado que el consistorio está a la espera de conocer en recurso en profundidad, pero que lo que se impugna en es el convenio de compraventa en sí mismo. Es decir, que de prosperar en los tribunales, no habría perjuicio económico para el Ayuntamiento pero quedaría invalidada la operación urbanística que preparar el consistorio en esta zona, con la construcción de más de 1.500 viviendas. “En el peor de los casos la consecuencia sería volver a la situación original”, ha reconocido.

El alcalde ha lamentado: “Últimamente en la política estamos acostumbrados a ver cómo se intentan bombardear muchísimas cosas en los tribunales, pero creo que eso no nos puede parar, o no nos debería parar”. “Lo mismo pasa en esta ciudad con algunas otras cosas. Parece que se ha puesto de moda, pero eso es muy perjudicial para la gestión pública, evidentemente”, ha insistido el alcalde, que ha recordado los recursos presentados en su momento por Vox y Áncora sobre la protección de los edificios albergan los cuarteles. “Nosotros hicimos un análisis de los contenidos de la sentencia, lo valoramos con respecto a las posibilidades de edificabilidad que teníamos en ese ámbito y veíamos que no era crítico y por eso decidimos seguir adelante”, ha apuntado el alcalde.

También ha mostrado su extrañeza de que tras acordar con un ministerio del Gobierno, el de Defensa, el convenio de compra, sea desde otro ministerio de ese mismo Ejecutivo, el de Transición Ecológica, del que depende la dirección de Costas, el que frena el proyecto, pero se ha mostrado confiado en que se superen todos los obstáculos y Donostia pueda disponer de estos terrenos. Una vez se clarifique la decisión de Costas y el recurso, en el plazo máximo de un mes, el Consistorio donostiarra comunicará a las otras partes en el convenio su voluntad de continuar, o no, con la adquisición de las propiedades objeto del Convenio de 18 de diciembre de 2023.

Este convenio supone que el Consistorio adquirirá el solar por un precio que supera los 73,32 millones de euros y el Ministerio de Defensa se compromete a abandonar las actuales instalaciones en un plazo de cuatro años. Durante este plazo el Ayuntamiento realizará el diseño definitivo de la nueva zona que contempla el desarrollo residencial que podría alcanzar las 1.500-1.700 viviendas, la creación de nuevos equipamientos públicos, que ocuparían 175.000 metros cuadrados. Siempre contando con que el deslinde no superará los 20 metros actuales.