Elkarrekin Podemos-IU pide el fin de los conciertos educativos y un plan para publificar los colegios privados

La coalición Elkarrekin Podemos-IU ha presentado este lunes en el Parlamento Vasco un documento de 80 puntos con sus propuestas para la reforma educativa en Euskadi, que se discute en el seno de una ponencia creada a finales de 2021 y que se ha constituido como un nuevo paso previo a la presentación de una nueva ley que viene arrastrándose desde que Iñigo Urkullu llegó a Ajuria Enea en 2012. En el informe se parte de la constatación de la anomalía a nivel español y europeo que supone que el 50% del alumnado no esté matriculado en centros públicos -la otra mitad son centros religiosos e ikastolas, mayormente- y se plantean iniciativas drásticas para poner coto a la financiación pública de centros privados. Entre ellas se incluye el diseño de un mapa de necesidades y demanda para abrir nuevos colegios públicos que vayan sustituyendo a los privados en la prestación del servicio y la puesta en marcha de una pasarela para la publicación de centros privados, así como no autorizar nuevos conciertos.

“La lógica de la planificación educativa debe llevar a no concertar ningún aula nueva en las zonas en las que existan plazas públicas suficientes para atender a la demanda [...] [Hay que] Limitar la educación privada-concertada, partiendo por no abrir nuevas líneas privadas-concertadas mientras haya oferta pública suficiente y no concertar en etapas no obligatorias [...]. Los actuales conciertos educativos que sean indispensables se prorrogarán durante el curso 22/23 y, si es necesario, en el curso 23/24, para no hipotecar los acuerdos de este pacto [pero] no habrá nuevos conciertos en estos dos cursos ni ninguna planificación que supero lo anteriormente estipulado. La realidad del sistema educativo vasco es dicotómica pero no podemos seguir perpetuando dicho modelo 'in aeternum' y nuestra apuesta sigue siendo el desarrollo progresivo de una red pública integral. Es por ello que proponemos desarrollar una normativa consensuada que posibilite la publicación de los centros que así lo deseen. Se consensuará entre los centros que manifiesten su intención de publificarse, el Departamento [de Educación] y los sindicatos los procedimientos necesarios y las condiciones para asumir a los trabajadores y trabajadoras de dichos centros”, expresa Elkarrekin Podemos-IU. La coalición -que en otras comunidades como La Rioja ha pactado con el Gobierno medidas similares- plantea aprovechar la caída de la natalidad y de las matriculaciones para ir ajustando de manera natural el equilibrio del sistema de modo que “en un plazo no superior a diez años” la educación pública sea “hegemónica”.

El plan propone igualmente acabar con las supuestas cuotas voluntarias que, en la práctica, suponen una barrera de acceso a la red concertada de las clases más bajas. De hecho, se incide en que suponen un “proceso de selección del alumnado” que ha desembocado en un modelo de “segregación” con alta concentración del alumnado de bajos niveles socioeconómicos en centros públicos mientras los concertados han ido adquiriendo un cariz elitista en algunos casos. Se llama a algunos de estos colegios “bunkers segregacionistas” en el documento de Elkarrekin Podemos-IU y se reclama un paso para “impulsar proyectos de intervención global público-comunitaria en los centros desaventajados”. Asimismo, se incide en que los colegios privados que segregan por sexos -básicamente del Opus Dei y solamente en Bizkaia y Gipuzkoa- no deberían recibir ningún tipo de fondo público.

El documento de Elkarrekin Podemos-IU plantea también “superar el sistema de modelos A, B y D” para ir hacia un “modelo lingüístico plurilingüe” en el que los centros tengan autonomía para adaptarse a la “situación sociolingüística local”. El modelo, en todo caso, debería garantizar un nivel B2 -el cuarto de seis en el marco europeo- “en las dos lenguas oficiales”, castellano y euskera, al término de la etapa obligatoria (16 años). Para el inglés se fijaría el B1 -el tercero de seis-. Además, se defiende la “necesaria presencia de culturas e idiomas de hogar del alumnado” de origen extranjero.

Otras medidas que se defienden son el refuerzo de la Filosofía, programas de enseñanza artística, módulos en derechos humanos y contra la violencia hacia las mujeres, una educación afectivo-sexual “obligatoria” y transversal en todo el currículum y una defensa del “carácter laico de la escuela”. Se demanda una reducción de la temporalidad del profesorado, la reducción de ratios y que en el año 2030 el 7% del PIB sea el presupuesto de Educación. Ahora mismo está en 3.235 millones y esa proporción elevaría el gasto en esta materia hasta los 4.659 millones.