La entrada en la cárcel por el 'caso De Miguel' se retrasará a después de Semana Santa y se pegará a la campaña electoral

La posible entrada en prisión de los principales condenados en el 'caso De Miguel' de corrupción se va a demorar, al menos, hasta después de Semana Santa, con lo que este simbólico momento que, de no mediar un indulto o suspensión 'in extremis', afecta a excargos del PNV se aproximaría cada vez más a las elecciones municipales y forales de mayo. Este calendario contrasta claramente con el deseo verbalizado, por ejemplo, por la candidata peneuvista en Vitoria, Beatriz Artolazabal, que consideró que el asunto no iba a interferir para nada en la campaña al ser un tema “amortizado”.

Según explican fuentes de las defensas y judiciales y en contra de la interpretación generalizada hasta ahora, al menos hasta este jueves no se enviará el expediente desde la Audiencia Provincial de Álava al servicio de ejecución de penas de Vitoria. Se ha esperado a hacer esta comunicación a que concluyera el plazo para “recursos de súplica” abierto la pasada semana tras la emisión de los autos que hacían firmes las penas y que aludían a diez días para hacerlas efectivas en el caso de Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano, Aitor Tellería y Xabier Sánchez Robles, que son en principio quienes sí o sí deberían entrar a la cárcel por lo elevado de sus condenas. Ese este dato de los diez días el que ha añadido confusión a esta fase del 'caso De Miguel'. El plazo de súplica finalizó en la medianoche de este martes y, tras unas horas de gracia hasta el mediodía de este miércoles, se ha dado ya por completado.

Ahora, según indican desde la Audiencia Provincial de Álava, el servicio de gestión deberá abrir un expediente con el 'caso De Miguel' y citará a los condenados para que recojan un “mandamiento” de entrada en prisión. Solamente cuando estampen su firma en ese documento se activará la cuenta atrás real de diez días hábiles para que se haga efectivo. Con los festivos de Semana Santa a la vista, una hipotética citación exprés para el arranque de la semana próxima llevaría ya el fin de ese plazo hasta mediados de abril. En el caso de Álava, hay un nuevo puente festivo a finales de mes coincidiendo con la festividad local de San Prudencio.

Entretanto, y como adelantó este periódico en enero, se ha confirmado ya que el principal condenado, el ex 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel, conocido por todo el mundo como Txitxo, buscará librarse de la cárcel con la solicitud de un indulto. La medida de gracia, que ha de ser concedida por el Gobierno de España y que se fundamenta en una ley decimonónica todavía en vigor, ha sido impulsada por personas del entorno del expolítico, algunas de ellas juristas. “Son amigos de toda la vida”, se apunta. Asimismo, ello ha venido acompañado de un cambio de abogado. Gonzalo Susaeta, leal acompañante de De Miguel desde el inicio de la causa, ha dejado paso en esta fase final a la penalista Estefanía Rojo. Además del indulto, Rojo ha usado el plazo de súplica para solicitar una suspensión de la pena con base en el artículo 80.3 del Código Penal.

Alega que los doce años largos de condena están divididos en varios delitos y que solamente uno supera los dos años de duración. Se trata de una pena de tres años por asociación ilícita, precisamente un elemento que combatieron duramente las defensas durante todo el proceso y que constituyó un triunfo de las tesis probatorias de los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, ya que se dio por probado que lo ocurrido era una trama organizada que operaba en diferentes instituciones y cuyo nexo era la pertenencia a una misma organización política. Rojo alega que el indulto parcial que se está explorando supondría reducir de tres a dos años esa condena y que, como el resto son más bajas, se podría optar por una lectura muy generosa de la normativa penitenciaria y suspender toda la pena, que implica nueve años de cumplimiento efectivo.

Desde el entorno de De Miguel están haciendo ver que hace casi dos décadas de los delitos -nunca admitidos por el político, por otra parte-, que no hay riesgo de reincidencia e incluso que hay “esfuerzo reparador” del quebranto de los hechos. Sin embargo, nunca en más de trece años de investigación ha colaborado con la Justicia. Más bien al contrario, buena parte de su línea de defensa ha consistido en cuestionar por tierra, mar y aire la investigación y a la denunciante, Ainhoa Alberdi. De hecho, De Miguel aspira con estas últimas maniobras a lograr el mismo resultado que rechazó durante el juicio, en 2018, cuando tuvo en la mano un acuerdo con la Fiscalía a cambio de confesar que iba a consistir en unas penas que podrían haber encajado en este esquema de una suma de delitos pequeños, todos ellos castigados con dos o menos años. Sin embargo, el expolítico no solamente renunció a esa posibilidad de colaborar para lograr una salida más favorable sino que consideró traidores a quienes sí admitieron los delitos, principalmente su exsocio y amigo Josu Arruti, considerado un fontanero del PNV y con el que se repartió comisiones en una operación urbanística en Zambrana.

Como también adelantó este periódico, otro de los exdirigentes del PNV de Álava condenados, Aitor Tellería, también ha apostado por explorar la posibilidad de lograr un indulto del Gobierno de España. En su caso, complementa esta línea para evitar la cárcel con una petición de suspensión por problemas de salud, que no son nuevos. También Koldo Ochandiano había estado de baja médica recientemente. El cuarto con una pena de prisión efectiva es Sánchez Robles. El resto de condenados con penas más bajas harán uso del derecho a solicitar la suspensión de las penas.

Con todo, todos estos planteamientos parten del presupuesto de que todas las penas de menos de dos años van a ser suspendidas en esta causa. Es la práctica habitual y es algo contemplado en el Código Penal, pero no es algo automático y está en manos del tribunal, compuesto ahora por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta. De hecho, la Fiscalía podría oponerse a estas suspensiones. Fuentes del ministerio fiscal consultadas por este periódico, en todo caso, no han informado de cuál será su postura. Hay tres grandes bloques entre la quincena de condenados. Por un lado están De Miguel, Ochandiano, Tellería y Sánchez Robles, por otro lado los que tienen penas totales de menos de dos años y, finalmente, Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés), que entrarían en el supuesto del 80.3 del Código Penal (pena mayor de dos años pero sin ningún delito concreto por encima de esa barrera).