Euskadi abre ya la puerta a rescindir el contrato con Serunion y reabre el debate sobre el modelo de comedores escolares

A la crisis en el transporte escolar, los colegios públicos vascos suman ahora la polémica por la calidad del servicio de comedor. Tras varias incidencias en la ikastola de Durana, a las afueras de Vitoria, y ahora también en el centro Langile de Hernani, el Departamento de Educación ha iniciado ya el procedimiento para la rescisión del contrato que le une con la empresa de 'catering' Serunion, del grupo internacional Elior y con base en Logroño. De la relevancia de la decisión da fe que fue adoptada por el consejero Jokin Bildarratz durante un viaje oficial por Argentina, del que acaba de regresar. No obstante, todo apunta a que la medida no afectará a las dos comarcas en las que no constan denuncias, la de Bilbao y la zona de Ayala y Rioja Alavesa. Y queda pendiente de aclarar si la reapertura del proceso de licitación tendrá o no una cláusula que impida a esta compañía volver a presentarse y llevarse el contrato.

La discusión sobre Serunion se inició casi al tiempo de su llegada a una treintena de colegios vascos de cuatro comarcas tras la renovación de la contrata de 'catering' para centros sin cocina de cara al año académico 2023/2024. El mismo día en el que en al menos cinco colegios de La Rioja aparecieron larvas de gusanos en los menús escolares, el 22 de septiembre, la empresa recibió quejas por la presencia de “lombrices” en platos de pasta en la ikastola pública Ikasbidea de Durana, en el término municipal de Arrazua-Ubarrundia pero pegada a Vitoria. Los análisis posteriores de la comida en laboratorio hallaron “indicios de microorganismos en la pasta”. Se recibieron hasta 111 quejas por el servicio solamente en ese colegio. Ello motivó un primer expediente y una sanción económica.

La multa no acabó con los problemas en Durana y, además, florecieron denuncias igualmente en un colegio de Hernani. Langile, en concreto, es un centro mixto, con cocina para uno de sus edificios pero con necesidad de 'catering' para el resto. “La gota que ha colmado el vaso fue lo ocurrido el viernes. Llegó un correo electrónico del Gobierno vasco al comedor a las 12.15 horas en el que indicaban que se tenían que retirar las alubias”, explica Gaizka Izagirre, portavoz de las familias. Pasó lo mismo en Ikasbidea. En realidad el aviso volvió a llegar desde La Rioja: las legumbres tenían gorgojos, unos pequeños insectos. “Las monitoras ya habían comido... Solamente pudieron servir el segundo, la ensalada con pescado”, explica este padre.

El consejero riojano de Educación Alberto Galiana ha manifestado que ve dificultades para prohibir a una empresa participar en un concurso público incluso después de que se le haya despojado el contrato por irregularidades. En Euskadi es un asunto del que ya ha discutido largamente: incluso empresas con condenas en firme por haber pagado comisiones para acceder a contratos públicos siguen siendo adjudicatarias, como ha pasado en el 'caso De Miguel'. De hecho, hay empresas que prestan el servicio actualmente en otros lotes que fueron sancionadas por la Autoridad Vasca de la Competencia -y luego por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco- por formar parte del cártel de comedores, como las diferentes marcas del grupo MCC, encabezadas por Auzo Lagun, o Eurest. Una comisión de investigación del Parlamento Vasco en la pasada legislatura cifró el fraude en 80 millones de euros.

¿Un menú de calidad a 2,51 euros?

Según los datos del portal de Transparencia, Serunion gestiona cuatro de los lotes comarcales en que se divide ahora la contrata de comedores. En concreto, son los de la zona de Zuya y Ayala/Rioja Alavesa en Álava, Goierri en Gipuzkoa y Bilbao en Bizkaia. Se estima en una treintena los colegios atendidos por esta empresa. En Álava ofrece un menú completo por 2,86 y 2,88 euros por comensal y día, en función del lote. Eurest, la adjudicataria en la capital, cobra 3,04 euros. En Gipuzkoa, Serunion es también la más barata de entre las diferentes cocinas centrales, a 2,51 euros. En Bizkaia ha ofrecido 2,80 euros y sí hay otras más económicas. En cuanto al pago al personal, en Álava les abona del orden de 3 euros menos la hora que Eurest, entre 21 y 21,78 euros. En Bizkaia sube a 22,75 y en Gipuzkoa a 23,20 euros..

Serunion, además, ha desembarcado en Osakidetza. En octubre consiguió un contrato valorado en 2,3 millones de euros para el “servicio de proveedor único de alimentos y materias primas” para la OSI Araba, que aglutina a los hospitales y ambulatorios de Vitoria y gran parte de la provincia. Antes firmó 1,4 millones por el servicio de cafetería y 'vending' del hospital San Marina de Bilbao. Esporádicamente ha recibido otros encargos públicos, particularmente de las residencias públicas de Gipuzkoa, como el suministro de chistorras y castañas.

El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que la Administración es “la más interesada en que la prestación del servicio cumpla todas las garantías y sea de calidad”. Ha indicado también que Educación “hace un análisis permanente” de las posibles incidencias. Lo que no se ha aclarado es cuánto tiempo se tardará en resolver el contrato y cómo se gestionará el período transitorio hasta la firma de uno nuevo. El asunto ha cogido tal vuelo que en la última sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento Vasco el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, tuvo que terciar para intentar calmar los ánimos. Vio “inadecuado” ver un problema “generalizado” en la gestión de los comedores y remarcó que, a diario, se sirven 87.135 menús con mínimas incidencias.

No comparten el diagnóstico en EHIGE, la federación que agrupa a las AMPA de los colegios públicos vascos. “Al final es un problema estructural, no una cosa puntual”, sostiene Lurdes Imaz. Esta plataforma ha activado una “campaña de control y seguimiento de los nuevos contratos” y ha elaborado una guía informativa para que en cada centro las familias creen comisiones de vigilancia del servicio. “Estamos recopilando datos”, afirma. Imaz sostiene que es el momento de recuperar el debate sobre el impulso de las cocinas propias en los colegios. “Puede dar mucha mejor calidad que un servicio transportado. Poco a poco se están recuperando. Hay que crear una nueva normativa para no obligar a los centros a gestionar el servicio con grandes multinacionales”, defiende.

En el centro Langile ya se han organizado. El fin de semana hicieron una cacerolada y este lunes los estudiantes llevaron sus propios bocadillos para no tener que comer el menú de Serunion. “Como es un problema colectivo, buscamos evitar respuestas individuales. Pero hay que tener en cuenta que hay familias vulnerables cuya única comida decente es la del comedor. Y están las trabajadoras, con contratos muy precarios. Si dejan de ir al comedor, ¿se van a quedar sin trabajo?”, plantea Izagirre. En todo caso, recalca que “no sólo es un problema de bichos” sino de “analizar la calidad general”. “La materia prima que eligen es siempre tirando a lo más económico”, censura. “Vamos a estar, obviamente, vigilando con lupa lo que sirvan a partir de ahora”, comenta. “De momento, no vamos a realizar declaraciones”, se limitan a señalar desde Serunion, que se enfrenta también una protesta este miércoles en La Rioja.