Euskadi aprueba su primera la Ley Vasca de Empleo, que blinda la formación para “un empleo digno”, sólo con los votos del Gobierno
El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la primera ley de Empleo desde que Euskadi asumió la competencia de las políticas activas de empleo en 2010, una norma con la que garantiza que los parados tendrán “diagnósticos personalizados” y la formación necesaria a través de Lanbide para tener un “empleo digno” y de “calidad”. “Un 'traje a medida' para mejorar su empleabilidad, que profundiza en la igualdad, para que el acceso a un trabajo mejor no dependa del bolsillo”, ha señalado la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia, en la defensa de la norma en la Cámara. Pese a que todos los grupos han resaltado la importancia de la ley, la norma, una de los proyectos estrella de esta legislatura y de la vicelehendakari, ha salido adelante sólo con el voto favorable de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE. EH Bildu y Vox han votado en contra, mientras que Elkarrekin Podemos-IU y PP se han abstenido, al igual que Ciudadanos. Entre las discrepancias, una fundamental: la transformación del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, en ente público de derecho privado -ahora es un organismo autónomo-, porque la oposición considera que de esta forma se escapa del control público. Otra de las discrepancia está en que las cooperativas no se incorporan al consejo de Lanbide, y se deja la cuestión a un posterior acuerdo entre las patronales.
Pese a que Mendia no ha contado con el voto favorable de la oposición, ha agradecido en su intervención la “actitud constructiva” de todos los grupos durante el trabajo del proyecto en comisión, pese a que en el turno de los partidos han sido numerosas las críticas a la norma y se ha acusado a los partidos del Gobierno de primar las “prisas” por aprobar la norma antes de conseguir un consenso. El PSE-EE ha querido arropar a la vicelehendakari con la presencia en la sesión de cargos institucionales forales del partido e incluso con el secretario general de UGT, Raúl Arza.
La vicelehendakari ha rechazado las dos razones fundamentales de los grupos para no apoyar la ley, argumentado que la transformación de Lanbide en ente público de derecho privado persigue dotar de más agilidad y flexibilidad al organismo sin que suponga que “escape a ningún control” ni que haya detrás “intención privatizadora”. Además ha recordado que durante los años en los que ha sido organismo autónomo -en su origen fue ente público- se ha criticado su funcionamiento, y esta ley pretende dar un cambio total al funcionamiento de Lanbide. En cuanto al tema de la presencia de las cooperativas en el consejo de administración de Lanbide, ha señalado que “se promoverá el acuerdo que lo haga posible” con las organizaciones empresariales.
Mendia ha señalado que con esta Ley se cumplen todos los compromisos de legislatura y ha destacado su importancia porque “No queríamos un maquillaje”, “sino impulsar políticas nuevas y dar la vuelta a Lanbide, en consonancia con la profunda revolución que vivimos”, ha señalado. “Pasamos de una Ley de Lanbide que organizaba las políticas que habíamos heredado a una Ley de Empleo para definir las políticas que queremos dejar en herencia, con más derechos y un servicio público que los garantice, para la Euskadi que queremos ser: la que progresa sin dejar a nadie atrás”, ha indicado.
Lanbide es el centro de la ley porque será el Servicio Vasco de Empleo el encargado de elaborar diagnósticos personalizados y planes de formación adaptados a los parados destinados a tener un “empleo digno y de calidad”. Habrá una ventanilla única territorial y una común para Euskadi, donde se compartirá un historial laboral único de cada persona. Además, se establece un modelo de gobernanza compartida junto a Diputaciones y Ayuntamientos, que confluirán en el Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, y que se completarán con la Mesa de Diálogo Social y los municipios tendrán que tener planes de empleo, que contarán con garantía de financiación.
Desde la oposición, todos han considerado una “mala noticia” que Lanbide pase a ser un ente público y que esté garantizada la presencia de las cooperativas. Respecto a otras cuestiones, la parlamentaria de EH Bildu Pazis García, ha sido la más crítica con la norma para justificar su voto en contra, y ha asegurado que en el ámbito competencial “no tiene perspectiva de futuro o su perspectiva es la de un futuro sin ambición” porque no hace ninguna referencia a las políticas pasivas de empleo -que no están transferidas- , y por tanto, “nace con fecha de caducidad”. El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha considerado que a la Ley “le ha faltado recorrido” y que “las prisas del Gobierno han impedido avanzar en cuestiones importantes que se han quedado fuera, como poner mayor coto a las agencias privadas de colocación”. Mientras que la parlamentaria del PP Laura Garrido ha señalado que “se ha perdido la oportunidad de introducir o de concretar algunas cuestiones de forma más detallada”. La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha recordado que solicitó la devolución del proyecto de ley al Gobierno porque considera que este texto legal es “innecesario”.
Desde los grupos en el Gobierno, Jon Aiartza (PNV) ha destacado que su grupo “ha apostado por que esta ley contase con el mayor consenso posible” manteniendo la “mano tendida” y ha resaltado la “apuesta firme y seria” del Gobierno y partidos que le dan apoyo por impulsar un nuevo “modelo de gobernanza integral para el empleo con Lanbide como eje vertebrador”, mientras que Ekain Rico (PSE-EE) ha defendido que con esta ley, Lanbide va a estar “preparado para dar respuesta a las necesidades” de los ciudadanos vascos. “Esta es una buena ley para los trabajadores y las trabajadoras de Euskadi”, y ha considerado que las críticas y el no apoyo de la oposición a la norma son “teatrillo” preelectoral.
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