Euskadi prepara una normativa para vetar las sujeciones físicas y “químicas” de las residencias de mayores

Aunque la competencia de gestión de las residencias es en Euskadi de las tres diputaciones forales, el Gobierno autonómico prepara una modificación del decreto de coordinación y regulación básico que incidirá de manera directa en todas ellas. Entre las medidas que se proponen se plantea una “atención libre de sujeciones”, tanto físicas como “químicas”. Se considera que estas prácticas son equivalentes a malos tratos y solamente se podrán aplicar en situaciones excepcionales y debidamente justificadas. Quedará descartado, por lo tanto, su uso con fines “disciplinarios” o por conveniencia de gestión (por falta de personal, básicamente). Se indica que la Fiscalía ya había alertado de algunos casos de mala praxis.

“Los centros de atención residencial deberán acreditar un compromiso formal de atención libre de sujeciones que se acreditará mediante la existencia de un Plan de Atención Libre de Sujeciones que contemplará la supresión total y segura de las sujeciones, fomentando modelos de intervención preventivo y positivo en la gestión de aquellas conductas que suponen un desafío para el servicio de atención y cuidados del centro residencial”, se puede leer en el borrador del decreto. Y se añade: “No se implantará ningún tipo de sujeción salvo en situaciones excepcionales y de urgente necesidad en las que exista un peligro inminente que ponga en riesgo la seguridad física de la persona usuaria, de las personas cuidadoras o de terceras personas y en las que previamente se haya registrado, en la historia clínica de la persona residente, el fracaso de otras medidas terapéuticas alternativas. Para casos excepcionales, la aplicación de cualquier tipo de sujeción, deberá realizarse siempre bajo una prescripción facultativa, que deberá emitirse bajo un protocolo específico”.

Se promete “formación” para el personal para desterrar estas practicas no tan infrecuentes en el pasado reciente y controles para que, en el caso de que sean imprescindibles, esté tasada su duración y “supervisión”. “Cuando sea necesario aplicar un protocolo de sujeción la persona residente será́ informada y necesitará un consentimiento expreso. También serán informadas y se requerirá el consentimiento de las personas vinculadas a la persona residente, por razones familiares o de hecho, en la medida que el residente lo permita de manera expresa o tácita. El residente será informado, incluso en el caso de que, a juicio del profesional o la profesional médica responsable, requiera de apoyos para el ejercicio de su capacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal para que este exprese su consentimiento. De igual forma, cuando el residente, a juicio del profesional o la profesional médica responsable, carezca de capacidad de entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a la persona residente por razones familiares o de hecho que prestarán el necesario consentimiento”, se explica.

Un inciso en un artículo prohíbe expresamente también las medidas “químicas” para sedar a los mayores residentes. “Las sujeciones denominadas químicas son consideradas una mala práctica médica en la atención y cuidados. Los tratamientos farmacológicos, deberán quedar necesariamente documentados en la historia clínica de la persona residente, y deberán ser prescritos por un profesional médico, documentando las indicaciones, la posología y la duración de dicho tratamiento”, consta en la primera redacción de la nueva normativa.

En general, el texto plantea que “los centros establecerán procedimientos de prevención y detección de tratos inadecuados y malos tratos, físicos, psíquicos y económicos a personas mayores con diferentes estrategias”. Se alude a la “promoción y la defensa de los derechos de las personas usuarias” a “formación continuada del personal en ética y buen trato” y a “sensibilización de las personas usuarias y familias”. Antes, en 2019, lo establecido era que “se intentará evitar la utilización de sujeciones físicas”, sin prohibiciones expresas.

El nuevo decreto prevé también otros cambios. Limita a 150 plazas por arriba el máximo para los nuevos centros residenciales -25 usuarios máximos por módulo- y excluye “ciertos tipos de alojamientos” pequeños del circuito sociosanitario como “apartamentos tutélanos, viviendas comunitarias o viviendas con apoyos”. “Tendrán una regulación propia”, explica el Gobierno. Se pedirá a los recursos que posean “atención directa las 24 horas, los 365 días del año” con unos ratios mínimos de personal, también en el turno de noche. Subirán un 15%. Se aplicarán “habilitaciones excepcionales” para paliar posibles déficit de plantilla. Asimismo, se plantea un artículo sobre el tamaño de las estancias. “Las habitaciones dobles tendrán una superficie útil mínima de 22 metros cuadrados, excluido el cuarto de baño.Las habitaciones individuales tendrán una superficie útil mínima de 15 metros cuadrados, excluido el cuarto de baño. El baño tendrá una superficie útil mínima de 5 metros cuadrados y tendrá un uso individual y exclusivo para las personas usuarias de la habitación”, regula el Ejecutivo. Las medidas tendrán un margen de seis años para ser implementadas en su totalidad.

La nueva normativa busca “acelerar el cambio de modelo de atención, haciendo hincapié en un enfoque centrado en las personas y sus relaciones, una necesidad resaltada por la pandemia de COVID-19”. El virus se ha llevado 1.500 vidas desde que entró en estos centros a principios de 2020. Casi 700 internos murieron en la primavera de ese año por esta causa, con porcentajes de letalidad que rondaron el 30% de los contagiados. Y un dato más: en Gipuzkoa solamente dos centros pequeños de un total de 65, Gisasola de Zestoa y Berriz I de Donostia, han esquivado del todo al virus. Las muertes equivalen al 8% de la población residencial. En Euskadi, de 3.319 millones de presupuesto de las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en 2023, 1.406 millones van a materia social, el 42,36%. Son 286, 625 y 495 millones, respectivamente. Es la tercera materia que más gasto representa solamente por detrás de Sanidad y Educación, sufragadas por el Gobierno vasco. Queda muy por encima del coste de la Ertzaintza, por ejemplo.