Euskadi recomienda el confinamiento en 20 municipios de Gipuzkoa y 5 de Bizkaia con alta incidencia de la COVID-19

El Gobierno vasco ha emitido la “recomendación” de que no se entre ni se salga de 25 municipios vascos, veinte de Gipuzkoa -que representan un tercio de su población total, más de 200.000 personas- y cinco de Bizkaia -unos 70.000 habitantes-, en los que la tasa de incidencia es mayor de 500 casos por cada 100.000 habitantes. La lista la componen Andoain, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Deba, Eibar, Elgoibar, Hernani, Lazkao, Legazpi, Lezo, Oñati, Ordizia, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Zumaia y Zumarraga en Gipuzkoa y Abadiño, Durango, Elorrio, Ermua y Lekeitio. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha pedido “comprensión” y “responsabilidad” en una comparecencia que se ha producido ya de noche y tras una larga reunión de la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi.

Por afectar a derechos fundamentales y tras el varapalo judicial a la limitación de reuniones a un máximo de seis personas, no se trata de una obligación, sino de una recomendación. Sagardui ha reconocido que no se han planteado solicitar el estado de alarma para hacerlas coercitivas y ha lamentado que la Justicia no permita en Euskadi un marco más “taxativo” que, por ejemplo, sí ha tenido el visto bueno de los tribunales en Navarra. Se puede leer aquí un análisis sobre la situación judicial abierta en Euskadi.

La lista de 25 poblaciones, según Sagardui, se irá ajustando en función de los datos epidemiológicos diarios, aunque la titular de Salud ha dado a entender que no habrá un sistema automático. No ha quedado claro qué ocurrirá con otras decenas de localidades de menos de 5.000 habitantes cuya incidencia es similar y en las que no se aplica el sistema de 'semáforos' para vigilar los cambios en la tendencia de contagios.

¿En qué consiste la recomendación a 270.000 personas? Se les pide que restrinjan la movilidad salvo para desplazamientos laborales, sanitarios o educativos o por causa de fuerza mayor. Es decir, que aplican 'de facto' un confinamiento perimetral como el de Miranda de Ebro o Madrid. También se les plantea que no tengan encuentros “fuera del grupo de convivencia estable” y que cancelen “cualquier actividad que no sea imprescindible”. Sí estará prohibido el deporte en grupo salvo en competiciones oficiales y la hostelería cerrará a las 21.00 horas. No hay toque de queda pero 'de facto' solamente estará abierto después de esa hora la farmacia o la gasolinera, ya que incluso los parques infantiles y jardines permanecerán cerrados hasta las 6.00 horas. Se puede consultar aquí una guía con todas las medidas.

Estas medidas se suman a las ya propuestas el pasado sábado y que no habían entrado en vigor. Lo harán todas juntas este viernes, aunque la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hará que la limitación de reuniones a un máximo de seis personas se quede en recomendación igualmente. Eso sí, en la hostelería sí que estará prohibido que haya más de seis personas por mesa. Y eso afecta al conjunto de Euskadi. Como ya se preveía, en los bares el aforo será del 50% en el interior -terrazas al 100%- y siempre con consumo sentado y los 'txokos' y sociedades gastronómicas se cierran. Las lonjas juveniles ya estaban clausuradas desde agosto. Los eventos con público no podrán acumular más de 400 espectadores (600 si el recinto es abierto) y no podrá haber deporte en grupos de más de seis personas. El deporte escolar queda suspendido para menores de 13 años y el Gobierno recuerda una obviedad: el botellón sigue prohibido.

La delicada situación epidemiológica que vive Euskadi, que suma ya su tercer pico en la pandemia, amenaza con no remitir. Así las cosas, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya ha convocado una nueva reunión de la mesa de crisis (LABI en euskara) para el próximo miércoles en el que se evaluará el impacto de estas medidas. En este foro se sientan los responsables de Salud, Seguridad o Turismo, Comercio y Consumo, así como los diputados generales, los alcaldes de las capitales o el delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso.