CCOO de Euskadi ha presentado la iniciativa legislativa popular promovida por la central en todas las comunidades y que pretende recoger 500.000 firmas ante la pretensión del Gobierno de Mariano Rajoy de asignar las funciones que actualmente ejerce el Registro Civil a los registradores de la propiedad o mercantiles. En este sentido, CCOO Euskadi ha alertado de que con la entrada en vigor de la ley, el servicio dejará de ser gratuito y, por ello, ha anunciado movilizaciones.
En rueda de prensa celebrada en Bilbao, el secretario general de la central, Unai Sordo, junto a la responsable de Justicia del sindicato, Amaia Goiri, y la secretaria de la Federación de Servicios de Ciudadanía, Maite Garabieta, han incidido en que con el cambio no se garantizará el mantenimiento de la confidencialidad de los datos ciudadanos.
Los responsables de la central han presentado la iniciativa legislativa popular promovida por CCOO en todo el país y que pretende recoger 500.000 firmas ante la pretensión del Gobierno de asignar las funciones que actualmente ejerce el Registro Civil a los registradores de la propiedad o mercantiles. Asimismo, han señalado que continuarán con las movilizaciones para evitar la entrada en vigor de la ley.
Tras advertir que desde 2011 ha existido un consenso general de todas las formaciones políticas para mantener la actual situación, Sordo ha acusado al Ejecutivo de “romper el consenso” por la vía del decreto-ley con el objetivo de “deteriorar un servicio público”.
“Se pasan de más de 8.000 oficinas entre registros y juzgados de paz a poco más de un centenar, lo que producirá un deterioro en la atención”, ha indicado, para añadir que no es creíble que el servicio, hasta la fecha gratuito, lo siga siendo en el futuro.
A su juicio, la entrada en vigor el próximo mes de julio de la Ley 18/2014 de 15 de octubre muestra el interés del Gabinete Rajoy de “deteriorar la calidad de los servicios públicos” y “defender los intereses de grupos de presión, en este caso de los registradores de la propiedad”.
Por su parte, Maite Garabieta ha enumerado las funciones que desempeña actualmente el Registro Civil y ha denunciado que “es incierto” que en el futuro no se vaya a pagar por unos trámites que ahora son gratuitos.
A su juicio, si sigue adelante la “privatización”, las funciones que actualmente desempeñan en el País Vasco 19 Juzgados de Paz y 25 agrupaciones de secretarías de Juzgado de Paz pasarían a depender de entre 4 y 6 oficinas.
Confidencialidad
Por su parte, la responsable de Justicia del sindicato, Amaia Goiri, ha alertado de que el hecho de que la competencia deje de depender de la Administración de Justicia supone que no se garantiza el mantenimiento de la confidencialidad de los datos. En esta línea, ha incidido en que los registradores de la propiedad “no son funcionarios públicos” salvo en lo que respecta al acceso a su plaza.
“Su régimen no tiene nada que ver con la función pública. Cobran a través de aranceles que facturan”, ha explicado, para añadir que, por ello, es “imposible” que vayan a ofrecer gratis el servicio.
Además, ha incidido en que pese a que desde el Gobierno se ha asegurado a los trabajadores de la Administración de Justicia que se mantendrán todos los puestos de trabajo, CCOO ha considerado que “si desciende la carga de trabajo, tarde o temprano habrá puestos que se amorticen”.
Por último, CCOO ha destacado que son numerosas las mociones aprobadas por ayuntamientos vascos a favor de que el registro Civil continúe tal y como está y ha recordado que el Parlamento vasco también lo ha solicitado en dos ocasiones, con el voto en contra del Partido Popular.