Un comisario y dos ertzainas ayudaron a la directora del Servicio Vasco de Salud a evitar a la prensa en su declaración por la crisis de las oposiciones
Un comisario de la Ertzaintza y otros dos agentes ayudaron de manera “irregular” a la exdirectora general del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), María Jesús Múgica, a esquivar a los medios de comunicación en el día en que prestó declaración como testigo en la investigación abierta por un juzgado de Vitoria por las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018, un privilegio que ni siquiera tuvieron los imputados en el caso. Así se desprende de un expediente interno elaborado por el juez decano de Vitoria, José Luis Núñez Corral, que constata que Múgica y una persona acompañante de la que no se dan detalles accedieron al Palacio de Justicia por el garaje, sin superar el preceptivo control de seguridad obligatorio para toda la ciudadanía y sin ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes para adoptar este tipo de decisiones, en este caso el propio decano o la presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, Mercedes Guerrero.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -que no tiene potestad sancionadora respecto a estos funcionarios- ha puesto estos hechos en conocimiento del Departamento de Seguridad para los “efectos oportunos”. Ha instado también a los dos implicados que trabajan en los juzgados de Vitoria a que “en lo sucesivo procedan a aplicar el plan de seguridad en el acceso a los garajes” del edificio.
Según los propios agentes intervinientes, Múgica telefoneó al comisario –cuya identidad no ha podido conocer este periódico, aunque está descartado que se trate de la de Vitoria, Victoria Landa– para que le facilitara el acceso. Éste, a su vez, contactó con el cabo con número profesional 1462, adscrito al equipo de Policía Judicial de los juzgados de Vitoria, para exponerle la situación. El ertzaina se puso en contacto con la coordinadora de seguridad del edificio para comunicarle que iba a autorizar el acceso de un vehículo de un testigo “de Osakidetza” y que estacionaría en una de las plazas asignadas a la Policía Judicial. La coordinadora, según la documentación a la que ha accedido este periódico, “no tuvo inconveniente en autorizar el acceso ya que la Policía Judicial gestiona la utilización de las plazas que le están asignadas”.
La justificación que han aportado los agentes es que, aparentemente, Múgica les trasladó que “llegaba muy justa de tiempo y, de tener que buscar aparcamiento, podría llegar tarde al juzgado”. A 400 metros del Palacio de Justicia hay un estacionamiento subterráneo y, además, Múgica y su acompañante estuvieron varias horas esperando en el pasillo del juzgado de Instrucción 2, donde está residenciada la investigación de la OPE de Osakidetza. En concreto, desde las 10.30 horas hasta las 13.00 horas. Durante esa espera, una funcionaria que ocupó un cargo institucional de relevancia con el PNV acompañó durante varios momentos a la exdirectora y mantuvo contactos con la coordinadora de seguridad.
El Tribunal Superior de Justicia entiende que desde 2012 existe una regulación de los accesos a los aparcamientos que establece que los competentes para autorizar las entradas son tanto el Departamento de Justicia como el decanato. Si hay circunstancias excepcionales, es necesario comunicarlas “con la máxima antelación posible”. En este caso, “puede apreciarse [...] que no se ha acudido a la vía de autorización ordinaria” y que “no se han apuntado motivo de seguridad alguno” para la vía extraordinaria. “Ni se trata de un vehículo oficial ni de una necesidad de servicio”, se abunda. Obviamente, existen mecanismos pautados para preservar la imagen de determinados testigos protegidos. Sin embargo, no era el caso de Múgica, ya que la instructora en aquel momento, Yolanda Varona, no había adoptado ninguna medida al respecto.
“Lo que ha ocurrido ha sido que la Policía Judicial de la Ertzaintza de Vitoria-Gasteiz ha actuado, por el hecho de que se le hayan reservado plazas de aparcamiento en el Palacio de Justicia, como si tales plazas fuesen de su propiedad autorizando por sí misma el acceso a la señora Múgica”, se puede leer en el acuerdo adoptado por el Tribunal Superior de Justicia y que fue firmado en agosto por el presidente en funciones, Luis Garrido, en ausencia del titular, Juan Luis Ibarra. Dando por bueno que el motivo fuese realmente un problema de tiempo y aparcamiento, se añade que “cubrir la imprevisión de la testigo” no es una función de los funcionarios. Múgica sí abandonó a pie el edificio, pero no se concreta qué ocurrió con el coche.
En aquellas fechas, mayo de 2019, Múgica llevaba ya medio año fuera de Osakidetza. Otros cargos han dimitido en estos meses por el escándalo de las oposiciones, incluido el propio consejero de Salud, Jon Darpón, que lo hizo en marzo. El pasado viernes, en el pleno de política general del Parlamento Vasco, el lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió que se valore “de un modo justo” a las personas que han ido saliendo del Servicio Vasco de Salud.
