La Fiscalía investiga malversación de fondos en el 'caso Nieves'
La Fiscalía de Bizkaia ha iniciado una investigación por supuesta malversación de fondos en la sociedad pública Ibarzaharra, de la que durante tres años ha cobrado 210.000 euros sin ir a trabajar el exalto cargo del PNV Juan Cruz Nieves. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a eldiarionorte.es que han recibido el acta de la Inspección de Trabajo que ha confirmado las irregularidades, en la que se sanciona a Nieves a devolver las cotizaciones a la Seguridad Social de esos tres años y a la sociedad pública le impone una multa por lo que considera una infracción muy grave.
De hecho, fue Trabajo el organismo que remitió los hechos a la Fiscalía por si hubiera una infracción penal al calificarlo como muy graves. Ahora el fiscal encargado del caso tiene que confirmar las irregularidades y archivarlo o, en caso positivo, determinar los posibles delitos. Puede imputar al ex alto cargo, a la empresa pública o también a ambos, según los medios consultados, que no quisieron aportar más detalles hasta que se resuelva el caso.
La investigación tiene un plazo máximo de seis meses para concluirse, aunque existe la posibilidad de una prórroga si se requiriesen más actuaciones indagatorias. Así, un asunto laboral puede derivar en penal al tratarse de dinero público.
Como ha informado este diario, la Inspección de Trabajo de Bizkaia, que desde noviembre ha investigado al ex alto cargo del PNV, ha sancionado tanto a Juan Cruz Nieves, (quien fue diputado foral vizcaíno de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, la entidad que gestiona las obras del metro de Bilbao) como a la empresa pública Ibarzaharra, dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao.
El informe, elaborado el pasado mes de marzo y que puede ser recurrido por la vía administrativa, constata que el alto cargo ha percibido desde febrero de 2011, cuando se adscribió como adjunto a la gerencia de Ibarzarharra, cerca de 59.000 euros brutos anuales, a lo que se une un variable anual de otros casi 12.000, sin realizar ninguna actividad, ni siquiera externa. A ello se añade el hecho de que Nieves cumplió 65 años en agosto de 2012 y podía haber abandonado ya este cargo acogiéndose a la jubilación. La pensión máxima es de 35.762 euros brutos anuales, la mitad de lo que ha estado percibiendo.
Pero se mantuvo cobrando hasta que, tras las informaciones de eldiarionorte.es, se difundió su irregular situación laboral. A finales de enero, diez días después de conocerse los hechos, el consejo de administración acordó su despido y todas las funciones de dirección han pasado a otra empresa pública, Abra Industrial, que gestiona una polígono industrial en Ortuella. Nieves presentó el 12 de febrero una carta para causar su baja voluntaria de la empresa, una fórmula pactada con la entidad. Pero no ha devuelto los 210.000 euros. La empresa, cuyo 50% corresponde al Gobierno central , iba a esperar al informe de la Inspección de Trabajo para ver qué decisión tomaba.
