Miles de mujeres sufrieron esterilizaciones forzadas en Perú en los años 90
En los años 90 el Gobierno de Alberto Fujimori ordenó la esterilización forzada de miles de mujeres en Perú. Una práctica que investiga la Fiscalía Penal de Lima gracias al trabajo de denuncia realizado por organizaciones feministas como el 'Movimiento Manuela Ramos'. Una de sus representantes, María Elena Reyes, ha participado en las jornadas organizadas por Medicus Mundi Gipuzkoa sobre 'Derechos sexuales y reproductivos frente a los fundamentalismos'. Reyes reivindica que se trató de una política estatal de reducción de la población a través de los derechos fundamentales.
Pregunta. ¿En qué consistieron las esterilizaciones forzadas en Perú?
Respuesta. Durante la época de Fujimori tuvimos una política de esterilizaciones forzadas que se puede traducir en campañas masivas que llamaban a la ligadura de trompas y que se anunciaban en los sectores más pobres del país. Primero se hizo con un corte bastante existencialista, se ofrecía a las mujeres bolsas de arroz, bolsas de víveres, azúcar, leche… Pero después, cuando vieron que no cumplían sus metas, y en esto tenían mucho que ver el Ministerio de Salud y sus funcionarios, comenzaron a coaccionar a las mujeres para que presten su consentimiento, o sin consentimiento practicarles la operación directamente.
P. ¿Qué consecuencias tuvo esta práctica?
R. Producto de esto ha habido mujeres muertas. Aunque el único caso que salió a nivel internacional, porque no consiguió ser atendido suficientemente en un marco jurídico dentro del país, fue el caso de Mamérita Mestanza. Es una mujer a la que los funcionarios de salud le dijeron que iba a salir una ley por la que se prohibía tener más de cinco hijos, ella iba ya por siete hijos. Ella se sometió a la operación, y sobrevivió, pero luego falleció de una infección. Y este caso fue llevado ante la comisión interamericana y se llegó a transar, en lugar de llevarse adelante para descubrir toda la política. Se llegó a lo que se llama en derechos humanos: solución amistosa con el Estado, lo cual exigió una reparación civil para los familiares de las víctimas, pero también exigía que se hiciera una investigación sobre el caso.
P. ¿Cómo se ha conseguido sacar la denuncia de nuevo a la luz?
R. A partir de ahí, con la Comisión de la Verdad se rescató el tema de las esterilizaciones forzadas, y ahora tenemos una presión bastante fuerte desde las organizaciones de mujeres. Se ha logrado que se reabra el caso y que se dote de un fiscal especial que pueda investigar y que está recorriendo varias zonas del país. Hace poco ha estado en Cuzco donde ha tomado el testimonio de 200 mujeres que han ido a contarle cómo fue que las engañaron para la esterilización.
P. Una de las principales denuncias es que no eran casos aislados, sino una política estatal. ¿A quién iba dirigida esta política?
R. Para nosotras, no son delitos aislados, sino que se han dirigido a poblaciones en situación de pobreza, a diferentes pertenencias étnicas para que no se sigan reproduciendo, con la excusa de la pobreza. Pero también afectando modelos de vida que hay en las comunidades de nuestro país, entonces sí creemos que justifica un delito de crimen de lesa humanidad.
P. ¿Y cómo ha justificado el Gobierno esas prácticas?
R. En primer lugar que no admiten que sea una política, aunque ya está más que comprobado por la forma sistemática en la que obraron, porque tenían previsto metas de esterilización de mujeres. Nunca admitieron que fueran esterilizaciones forzadas, pero sí lo hicieron en la práctica. Además han dicho que era lo que se necesitaba para que no hubiera un exceso de población, y que eso atendía incluso a las mujeres, porque al tener tantos hijos no podrían mantenerlos ni criarlos, son justificaciones perversas, ¿no?
P. En México también se produjeron casos de esterilizaciones forzadas con mujeres que sufrían alguna discapacidad. ¿Cuál es la diferencia con lo realizado en Perú?
R. Acá era abierto, yo recuerdo que uno llegaba a las comunidades de indígenas de la Amazonia, y no encontrabas a nadie en las comunidades y era porque las mujeres habían huido porque venía el personal de salud que llegaba en su vehículo para captar a las mujeres para la operación. Incluso había grandes avisos, esas pancartas de tela colgadas en los pueblos que decía ¡festival, festival!, de ligadura de trompas. Eso ha sido tratado de esa manera, y hay responsabilidades probadas. Se ha investido por primera vez, por el Comité de America Latina y el Caribe por los derechos de la mujer. Ayudó muchísimo una investigación clave que hizo Julieta Mayo, una de las feministas peruanas que está viviendo ahora acá en España. Hizo un libro que se titula 'Nada personal' donde narra, paso a paso, cómo se fue descubriendo que había hasta formularios de llenado con las metas. Porque al encontrar nosotras había metas previstas de mujeres a esterilizar, ahí encontramos la pista, el hilo que nos conduce a determinar que esto era una política de la que nadie estaba enterado.
P. ¿Y de cuántas mujeres estamos hablando?
R. En esto momento de 3.000 mujeres por número de testimonios que se están consiguiendo. Puede haber más, pero en este momento hablamos de 3.000 en términos jurídicos, es decir que tengamos la posibilidad de concretar un testimonio que pueda verificar que esto fue así. Estamos hablando de una política que se llevó a cabo hace 17 años.
P. ¿Cuál es la implicación actual del Gobierno de Perú y de la política internacional ante esta situación?
R. El presidente Humala prometió en su campaña electoral llegar a investigar hasta sus últimas consecuencias este caso de las esterilizaciones forzadas. Y al inicio esto marcho un poco lento, ha habido presión del movimiento feminista y ahora vemos que se está avanzando, no de la manera que quisiéramos porque habría que adjudicar mayor presupuesto y personal especializado para que se tomen todos los testimonios y se arme el caso completo para poder tener un juicio en forma.
