Apenas quedan quince días para que los afectados por procedimientos de ejecución hipotecaria de todo España presenten ante un juez las “clausulas abusivas” de los contratos firmados con las entidades bancarias. Un plazo que Rosa García, representante del colectivo Stop Desahucios Gipuzkoa considera “insuficiente para denunciar las mas de 18 clausulas que el propio Tribunal de Justicia Europeo que ha señalado como ”usureras“ y ”que vulneran los derechos de los consumidores“.
Cerca de 200.000 familias en todo España, que según García “se encuentran bajo el umbral de la pobreza y en situación de exclusión social en muchos casos”, tienen solo un mes de plazo, tal y como recoge la nueva Ley antidesahucios publicada en el BOE el pasado 15 de mayo, lo que es considero como “insultante” por esta plataforma. De esta forma, considera García, la iniciativa legislativa popular suscrita por más de 1.500.000 firmas, “queda reducida a un miserable mes de plazo para que los deudores de buena fe denuncian esta estafa bancaria”, remarca.
Para el colectivo esto genera una situación de “indefensión y vulnerabilidad” de estos afectados por la burbuja financiero inmobiliaria, y un “regalo al poder financiero, que es el que realmente ha dictado esta ley”. Con esto, añade García, “el Partido Popular ha dejado claro, una vez más, a quién defiende, y qué intereses defiende. Los intereses de los bancos, que junto con las grandes constructoras inmobiliarias son los causantes de esta ruina”.
Stop Desahucios insta a los propios juzgados para que amplíen el plazo, además de solicitarles que “adjudiquen de manera inminente abogados de oficio a quienes aún se encuentran esperando para recibirlos”. Además, proponen facilidades para los afectados a la hora de llevar a cabo el trámite dentro del plazo establecido, para lo cual han publicado en internet consejos generales, o plantillas de escritos para la alegación de las clausulas abusivas, así como para solicitar justicia gratuita.