El pleno Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una iniciativa de Sumar que reclamaba que se reviertan las derivaciones de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas, que en la actualidad practican alrededor del 95% de estas intervenciones en Euskadi, como publicó este periódico. La propuesta de la coalición, que ha sido apoyada por EH Bildu, no ha salido adelante al recibir el voto en contra de PNV, PSE-EE, PP y Vox.
La iniciativa de Sumar instaba al Gobierno vasco a “garantizar el acceso efectivo” al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los servicios públicos de salud en todo el territorio, “sin ningún tipo de discriminación ni exclusión, y atendiendo a las demandas y necesidades específicas”. A su vez, el texto pedía que se reviertan las externalizaciones de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas, “dotando a Osakidetza de los recursos necesarios para la atención directa”. Otro apartado de la propuesta instaba al Ejecutivo a “mejorar los protocolos de acompañamiento y atención a quienes soliciten hacer uso de esta prestación pública”, informa Europa Press.
En lugar de la propuesta de Sumar, se ha aprobado una enmienda de totalidad alternativa del PNV y el PSE-EE, que suman mayoría absoluta en el Parlamento. El texto de ambas formaciones ha recibido la abstención del resto de grupos. Esta resolución insta al Departamento de Salud a que “tal y como viene haciendo, siga garantizando el derecho al ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en Euskadi, y velando por que los derechos sexuales y reproductivos sean garantizados [...] asegurando un acceso universal, equitativo y gratuito bajo parámetros de control y supervisión médica”.
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, el único varón que ha tomado la palabra en el debate, ha recordado que según datos del Gobierno Vasco, el 95% de las interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en Euskadi se llevan a cabo en la Sanidad privada, dado que el “modelo” que impulsa el Gobierno vasco consiste en “derivar” a las clínicas privadas este tipo de intervenciones. “El Gobierno piensa seguir externalizando el ejercicio de un derecho de las mujeres”, ha denunciado.La parlamentaria de EH Bildu Eraitz Sáez de Egilaz también ha denunciado que estas intervenciones se realicen mayoritariamente en la red privada.
La parlamentaria del PNV Irina Rabalo ha subrayado que “en Euskadi las mujeres vascas no han tenido ningún obstáculo para acceder a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en tiempo y forma, y con todas las garantías de seguridad clínica, tiempos de respuesta, intimidad, confidencialidad de los datos, gratuidad de la prestación, proximidad a las clínicas y no discriminación”, por lo que ha criticado que se pretenda hacer “catastrofismo” con esta cuestión. Desde el PSE-EE, Patricia Campelo ha recordado que la ley orgánica que regula este derecho establece que “claramente” que los abortos “podrán llevarse a cabo en un centro sanitario público o en un centro privado acreditado”, por lo que ha subrayado que este derecho está “absolutamente garantizado” en Euskadi.
Desde la derecha, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha afirmado que “no se puede obligar a todos los centros públicos a practicar el aborto porque no se estaría salvaguardando y garantizando el derecho a la objeción de conciencia” de los profesionales sanitarios. Y desde la ultraderecha, Amaia Martínez Grisaleña ha manifestado que “la vida es un derecho fundamental y el aborto no”.
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