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El Gobierno vasco defiende la idoneidad del director de Emergencias ahora investigado por malversación: “No salió del batzoki”

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, este viernes en el Parlamento Vasco

Iker Rioja Andueza

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El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha sido en el pleno de este viernes la máximo autoridad del Gobierno en la sesión de control que ha celebrado el Parlamento Vasco ante la baja por COVID-19 del lehendakari, Iñigo Urkullu. A preguntas de PP+Cs, Erkoreka se ha referido a la dimisión de su responsables de Atención de Emergencias y Meteorología, Fernando Izaguirre, investigado por una denuncia de malversación en su gestión anterior en la DYA de Bizkaia. También ha dimitido como concejal del PNV en Galdakao, donde fue candidato a alcalde en 2019. Erkoreka ha recordado que los hechos supuestamente irregulares son previos a su nombramiento y ajenos a su gestión gubernamental -que es el argumentario oficial desde hace días- y ha defendido su designación como alto cargo. “No fue nombrado en el Gobierno vasco para ejercer ese cargo porque venía de un batzoki, sino porque objetivamente reunía unas condiciones de idoneidad”, ha ironizado mencionando medio siglo de trayectoria en la DYA.

“A partir de ahí, un año después de su nombramiento ha sido objeto de una denuncia por hechos que no tienen absolutamente nada que ver con el ejercicio de sus funciones al frente del cargo, sino por presuntamente actividades que tuvieron lugar antes de su incorporación al Gobierno y en el seno de una organización estrictamente privada, que tampoco tiene nada que ver con el Ejecutivo. Es decir, [la DYA] no está ni adscrita ni vinculada orgánicamente con el Ejecutivo. En absoluto. Para nada. Por lo tanto, estamos hablando de unos hechos y de unas denuncias que han aflorado un año después, y que nadie conocía en el momento en el que se produjo el nombramiento. Y nadie dio cuenta de ellas en absoluto. Todo esto aflorado un año después”, ha explicado.

Sin entrar en detalles sobre los hechos de los que se acusa a la DYA -que podrían incluir el mal uso de tarjetas de crédito corporativas, según ‘El Correo’-, Erkoreka sí ha subrayado que “apartar del buen nombre del Gobierno situaciones que puedan comprometer la ejemplaridad de una persona” era necesario. Izaguirre se reunión con Erkoreka para exponerle su situación. “Efectivamente, [para] un cargo público sometido a un procedimiento penal judicial, de alguna manera se resiente su ejemplaridad, que es uno de los requisitos fundamentales para el desempeño con limpieza y con transparencia de un cargo público”, ha indicado. Ha destacado igualmente que el cese fue acordado en la primera sesión del Consejo de Gobierno tras  la reunión. “Más rapidez, más celeridad, absolutamente imposible. Absolutamente imposible”, ha expuesto, aunque en casi una hora de rueda de prensa tras ese Consejo de Gobierno no se mencionó el asunto y tampoco se incluyó en el ‘dossier’ con el orden del día que se entrega a los medios de comunicación.

“Dicho esto, ahora el asunto está en el ámbito judicial. Corresponde, por lo tanto, a los jueces investigar. Corresponde a los jueces determinar los hechos y, en su caso, concretar las responsabilidades que pudieran existir en este caso, si las hay. Si es que las hay… Por lo que respecta al Gobierno, como se trata de un litigio entre particulares, no hay lesión patrimonial al Gobierno, tampoco hay afección al interés general. Por lo tanto, tampoco hay necesidad, ni conveniencia, ni pertinencia de que el Gobierno se persone en ese procedimiento. […] En cualquier caso, por supuesto, el Gobierno siempre está dispuesto a aportar a la judicatura lo que necesite en la medida en que pueda contribuir en algo a aclarar el litigio. Pero, insisto, poco puede hacer, porque se trata de un litigio estrictamente privado, fruto de una relación entre personas particulares que tuvo lugar en el seno de una entidad estrictamente privada, ajena radicalmente al Ejecutivo”, ha zanjado.

“Yo no sé, señor Erkoreka, si usted y el Gobierno del señor Urkullu quieren minimizar lo sucedido y restarle importancia por ser una persona del PNV. Porque aquí parece ser que por ser del PNV y venir de un batzoki a algunos se les exime de ciertas cosas. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido de otro partido? ¿Habría sido un escándalo? Lo cierto es que se le designó para ocupar un puesto de responsabilidad, como usted dice, con 25 años de trayectoria, pensando que era un perfil idóneo. Pero no ha resultado ser así. No era la persona adecuada. Por eso -le pregunto claramente- si exigimos a aquellas personas que vienen de un batzoki menos filtros que se exigirían a otras personas para ocupar un puesto de responsabilidad, en este caso, en un servicio esencial, les rebajamos los requisitos”, ha replicado Laura Garrido desde la bancada de PP+Cs.

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