El Gobierno vasco sugiere que consiguió “ratificación judicial” a sus medidas contra la pandemia con una consulta informal al Tribunal Superior

El Gobierno vasco encargó el pasado viernes un informe jurídico sobre el escenario abierto en las comunidades autónomas tras la declaración de un estado de alarma específico en Madrid para controlar el crecimiento de sus contagios de COVID-19. Aún no está terminado, pero el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, ha querido presentar algunas de sus conclusiones en rueda de prensa. La principal de todas ellas es, al margen de los criterios técnicos y científicos, la aparente necesidad de una “ratificación judicial” por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para las medidas adoptadas por la comunidad autónoma ante la disparidad de criterios ante situaciones similares.

De hecho, Zupiria ha revelado que la orden que desarrolla las restricciones vigentes en Euskadi, que es del 19 de agosto y que se dictó en el marco de la declaración de emergencia sanitaria, anunciada el 14 de agosto, contó con esa “ratificación” antes de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Y no fue un auto, una resolución o una sentencia tras un recurso, sino que lo que hizo el Gobierno fue una consulta informal con la sala de lo contencioso-administrativo en la que supuestamente se le dio el visto bueno al armazón jurídico. El portavoz ha dicho desconocer si fue esa gestión extraoficial la que hizo que se pasara de prohibir las reuniones de más de 10 personas a dejarlo en recomendación, punto que suscitaba dudas de encaje legal. La declaración de la emergencia sanitaria llegó precisamente unas horas después de que el Superior tumbara un paquete anterior con medidas para limitar el ocio en hostelería.

Euskadi, a través del informe, ha querido resaltar también que los estados de alarma -aunque los tenga que declarar el Estado y ratificar las Cortes Generales en caso de que se extiendan más allá de 15 días, según la ley orgánica de 1981- puede gestionarlos la autoridad autonómica mediante una delegación del Gobierno central. Es algo obvio y que ya se aplicó en la fase final de la desescalada. De hecho, esta potestad fue utilizada por Iñigo Urkullu para acordar un levantamiento anticipado de la alarma de manera coordinada con Cantabria para posibilidad del tránsito entre ambos territorios. No obstante, Zupiria no ha querido mojarse sobre la situación política que ha llevado a la declaración de la excepcionalidad en Madrid, como tampoco si teme un nuevo estado de alarma en Euskadi, que ya vivió en agosto su propio pico en la segunda ola y que ahora ve repuntar de nuevo la cadena de contagios. “No les voy a dar ese titular”, ha bromeado Zupiria, que ha insistido en que las medidas de control vigentes son “idóneas”.

Eso sí, el Ejecutivo vasco asegura tener un “contacto permanente” con el área de Salud del Gobierno de Navarra, el otro punto de preocupación ahora en España. La consejera Gotzone Sagardui ha trabado un canal de comunicación continuo con su homóloga navarra, Santos Induráin. “Es imprescindible tener la información más detallada”, ha enfatizado el portavoz. También ha reseñado que la colaboración con el Ministerio de Sanidad es total.