Los Gobiernos central y vasco, en concreto la delegada en Euskadi, la socialista Marisol Garmendia, y la Ertzaintza, mantienen abierto un conflicto institucional en las últimas horas a cuenta del gran atasco de camiones en Gipuzkoa que siguió al corte de la frontera entre Irún y Hendaya tras las protestas del primer sector. Además, Garmendia ha anunciado que unos 300 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado trabajarán junto con la Ertzaintza y los cuerpos locales en las elecciones europeas del domingo cuando no tienen competencias expresas para ello.
Aunque los mensajes apelando a la cooperación policial suelen ser una constante, también son periódicas las fricciones en materia de seguridad en Euskadi. La Ertzaintza es la Policía “integral” y la que tiene, junto a las municipales, las competencias ordinarias, entre ella el orden público y el tráfico. El Estatuto reserva para Guardia Civil y Policía Nacional atribuciones exclusivas en materia de puertos, aeropuertos, costas, inmigración, fronteras, control de armas y explosivos, expedición de DNI y pasaportes, lucha antiterrorista, resguardo fiscal y, sobre todo, investigaciones de casos de ámbitos superior al autonómico.
En este marco, Garmendia ha afeado al Gobierno vasco su falta de previsión ante el bloqueo de la frontera y ha lamentado que no contara con la colaboración del Estado. La delegada en Euskadi, que lleva tres meses en el cargo, ha criticado que “en ningún momento” la Ertzaintza informó de sus planes a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Ha asegurado también que, en previsión de las protestas y de las incidencias, la Ertzaintza y la Gendarmería francesa mantuvieron un encuentro “bilateral” en la base de Tráfico de Oiartzun sin que los cuerpos estatales españoles fueran “invitados” aunque las funciones internacionales sí son de su competencia. Garmendia ha contado también que el general-jefe de la Guardia Civil en la demarcación vasca, José Antonio Mingorance, telefoneó al intendente-jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, para ponerse a su disposición, sin obtener nada en claro. “No ha habido ningún contacto”, ha señalado con insistencia Garmendia, que ha reiterado tanto en euskera como en castellano su crítica por el colapso de tráfico que no se produjo al otro lado de la muga.
Fuentes del Gobierno vasco, por el contrario, señalan que mantienen una interlocución fluida y continua con el Ministerio del Interior, directamente con Madrid. “Tenemos línea directa”, recalcan. Oficialmente, el Departamento de Seguridad insiste en que el operativo fue “adecuado” y que el atasco de casi 30 kilómetros -llegaba a Tolosa- se produjo porque todo el mundo se puso en marcha a la vez. Otras fuentes explican que, ante incidencias en la frontera, sí se suelen hacer actuaciones preventivas en zonas de Burgos, por ejemplo, que precisan de la colaboración de la Guardia Civil. Eso sí, ese punto es el más crítico con diferencia de la red viaria vasca y son habituales las largas colas en el peaje de Biriatou. Cada lunes hay, de media, entre 7 y 12 kilómetros cuando se reabre la circulación para vehículos pesados.
Se da la circunstancia de que en la zona de Irún-Hendaya hay una comisaría transfonteriza, el conocido como CCPA. Allí se sientan al menos cuatro enlaces de España y tres de Francia. De un lado están la Ertzaintza, la Guardia Civil, la Policía Nacional española y el Servicio de Vigilancia Aduanera y, del otro, la Gendarmería, la Policía Nacional francesa y su servicio aduanero. Garmendia, sin embargo, ha explicado que ese foro no es el competente para el diseño de grandes operativos.
En medio, Garmendia ha asegurado que la Guardia Civil y la Policía Nacional se desplegarán en el marco del dispositivo especial de seguridad con motivo de las elecciones europeas. A los 939 ertzainas y 288 agentes locales se unirán 173 policías nacionales y 120 guardiaciviles. Preguntada al respecto, la delegada ha asumido que las competencias ordinarias son de la Ertzaintza pero que estos efectivos “estarán de ayuda y cooperación”.
Las fuentes consultadas explican que la misión de estos cuerpos es de “vigilancia y contravigilancia” en patrullas no uniformadas ya que la presencia en los colegios es una atribución que corresponde al cuerpo autonómico. Además, la comandancia de la Guardia Civil en Álava sí tiene plenas competencias en el enclave de Treviño, pegado a Vitoria pero dependiente de la provincia de Burgos. Allí sé habrá vehículos rotulados y agentes uniformados en los centros de votación. En todo caso, en las últimas elecciones la Guardia Civil ya había enviado comunicados en redes sociales asegurando que estaba operativa también en Euskadi, mensajes que en ocasiones han levantado ampollas en la Ertzaintza. Así lo hizo también, por ejemplo, en las recientes autonómicas del 21 de abril.
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