Ikastolen Elkartea, la patronal de las ikastolas privadas concertadas con fondos públicos, ha manifestado este martes que acata el nuevo sistema de matriculación puesto en marcha por el Gobierno vasco para combatir la segregación... pero solamente en aquellos centros en que lo consideran adecuado. De este modo, allí donde entienden que les perjudica mantienen su propuesta para llenar plazas destinadas para alumnado vulnerable, unos cupos instaurados por vez primera para el curso 2022/2023, con estudiantes no vulnerables que consideran propios y que la Administración ha ubicado en otros colegios. Hasta ahora era la red pública -con algunas excepciones entre los concertados- la que asumía toda la diversidad.
Según los propios datos de Ikastolen Elkartea, se han producido 96 derivaciones fuera de la red y 49 matriculaciones de niños vulnerables. Por ello, entienden que con esas plazas libres pueden acoger alumnos que querían ikastola y no han podido entrar en una de ellas. “Emplearemos todos los recursos y procedimientos que estén en nuestra mano”, dijeron la pasada semana. Y lo mantienen. Este planteamiento, sin embargo, orilla que la matrícula no se cierra con la campaña de admisión. Hay una “matrícula viva” para las llegadas durante el curso, hasta 5.000 en Euskadi, y los centros han de respetar la proporción de plazas reservadas para familias de menor nivel socioeconómico y no ocupar esos huecos.
En respuesta a preguntas de los periodistas sobre la postura de Ikastolen Elkartea, el consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha señalado que el Ejecutivo no prevé la “hipótesis” de que estos centros privados concertados lleven hasta el final su amenaza. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ya manifestó con los primeros amagos de rebeldía que ello implicaría dejar fuera del sistema a esos alumnos aceptados al margen del reparto realizado por la Administración. En privado, se lanza al aire la pregunta de cómo es posible que un colegio crea suyos y perdidos alumnos que nunca han estado matriculados allí, ya que tienen dos años.
Zupiria, al hilo de las quejas de Ikastolen Elkartea, ha insistido en que en un 94% las familias han logrado plaza en el colegio solicitado, sea público, concertado religioso, concertado cooperativa o concertado ikastola. Hay otro 3%, aproximadamente, movido a otros colegios de entre la lista de prioridades. Solamente hay 82 estudiantes apuntados en la red concertada que acabarán en la pública, por ejemplo. Las adjudicaciones de oficio por parte de la Administración son una minoría, ha recalcado Zupiria. Además, ha indicado que se abonará el 100% del concierto a los colegios aunque “hayan quedado plazas sin asignar” porque son para “alumnos que durante el curso se van incorporando”. Es decir, las ikastolas no van a ver mermada su asignación pública.
Esta patronal también ha emitido una valoración de la propuesta del Gobierno para reformar la ley educativa. Contempla algunos puntos positivos pero también formula críticas. Por ejemplo, creen estos centros privados que hay que “definir” un nuevo concepto de lo que es público. Hay que “superar la dicotomía jurídica entre lo público y lo privado”, plantean. Consideran que todos los colegios han de tener las mismas condiciones “sin que se tenga en cuenta su titularidad”. Por otro lado, lamentan que se quede corta para impulsar el euskera, la cultura vasca y un modelo que exceda al ámbito de la comunidad autónoma y mire a Euskal Herria. Se da la circunstancia de que entre los comparecientes de Ikastolen Elkartea críticos con la ley del Gobierno de Iñigo Urkullu estaba un cargo público del PNV, el juntero en Álava Roberto González Muro, ahora en la ikastola Assa de Lapuebla de Labarca, en la Rioja Alavesa.
Sobre las diferencias que genera en el seno del propio Gobierno la reforma educativa, Zupiria ha eludido azuzar el debate. El viernes, en el Parlamento Vasco, uno de los tres consejeros socialistas, sin tener competencias en la materia, criticó el proyecto presentado por Bildarratz. Aunque Iñaki Arriola recalcó que no hay acuerdo entre PNV y PSE-EE en torno a esta ley, Zupiria ha preferido quedarse con que los socialistas tienen voluntad para lograrlo y que es un compromiso compartido del acuerdo de coalición. En todo caso, ha dejado la frase de que la propuesta “no lleva siglas”, es decir, que “es de todo el Gobierno”, por más que los socialistas se quejen. “Yo estoy intentando representar la posición de todo el Gobierno”, ha señalado Zupiria.
En Radio Euskadi, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, también entiende que “se puede solucionar” la brecha con el PSE-EE. “No hay ningún obstáculo insalvable. Al contrario, esto se puede llevar de manera razonable y finalizar la legislatura con un hito legislativo importante en un sector muy relevante”, ha manifestado para añadir que “hay tiempo” en los meses que quedan de legislatura vasca.
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