Impugnan las oposiciones de Educación vascas por exigir nivel máximo de castellano para puestos en euskera

El sindicato ELA ha impugnado la convocatoria de oposición del Departamento de Educación del Gobierno vasco porque impone el nivel superior de castellano (C2) en todos los puestos de trabajo, también los destinados a impartir clases en el modelo D, es decir, exclusivamente en euskera. La convocatoria señala que “quien no tenga la nacionalidad española y su lengua oficial no sea el español, deberá acreditar un conocimiento adecuado”. Este conocimiento es C2, el máximo nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. “Eso significa que se tiene que acreditar un nivel superior al que se exige en el perfil de euskera para poder participar en la oposición. De hecho, en los puestos en los que el euskera es obligatorio se exige el nivel C1, un nivel inferior al del castellano, y en Osakidetza aún menos, el B2”, según denuncia ELA.

“Por tanto, el conocimiento del castellano es obligatorio en todos los puestos de trabajo, incluso en aquellos en los que se debe ofertar la enseñanza en euskera. Por ejemplo, un profesor de Hendaia, aunque sea licenciado en Filología Vasca, necesitará el máximo nivel de castellano para ejercer como profesor en euskara”, entienden. El sindicato denuncia que este no es un requisito que se limite área de Educación. “En todas las oposiciones existe una exigencia similar, por lo que se trata de una imposición generalizada. Por eso ELA ha decidido presentar la impugnación”, han explicado el responsable de Euskera del sindicato, Pello Igeregi, y la responsable de Educación, Miren Zubizarreta.

Desde el sindicato denuncian que la sentencia por las oposiones a la la Fundación Uliazpi “es un ejemplo de la imposición generalizada del castellano”. En esta sentencia se asegura que “solo el 5% de los puestos de la Fundación son para trabajadores no euskaldunes. Pero la realidad es otra: todos los puestos de trabajo de las administraciones están garantizados para los que saben castellano, porque siempre es obligatorio, y aquellos ciudadanos que quieren acceder al servicio en castellano también tienen garantizado dicho servicio, ya que los trabajadores euskaldunes son bilingües”. “Los vascos no tienen que demostrar su conocimiento del castellano porque la Constitución española impone su conocimiento universal”, subraya Igeregi, “el euskera, en cambio, es optativo”, afirma.

En su opinión, estas sentencias demuestran que “el euskera no es oficial en la CAV, o no al menos tanto como el castellano”. Por eso consideran que “se puede imponer el castellano en todos los puestos de trabajo y el euskera solo en algunos”. “Para exigir el perfil de euskera hay que garantizar la proporcionalidad respondiendo a las 'exigencias reales' de la ciudadanía, en función del contexto sociolingüístico, etc. El castellano, en cambio, se puede imponer en todos los puestos de trabajo y esa discriminación se considera natural. Es tan natural que el Departamento de Educación no ha tenido ningún problema en asumir este criterio en las oposiciones”.

En este sentido, desde ELA se ha hecho un llamamiento a que “se haga frente a la ofensiva euskarafoba y se construya una defensa política de los derechos lingüísticos. Igeregi considera urgente la movilización a favor de los derechos lingüísticos de los euskaldunes para recuperar las calles contra el marco que da por bueno que se vulneren los derechos lingüísticos de los euskaldunes”. Precisamente este jueves el Parlamento Vasco ha rechazado instar al Gobierno vasco a que, “con carácter general”, el euskera “no sea requisito imprescindible para el acceso a la función pública”. Este emplazamiento al Ejecutivo autonómico se recogía en una proposición no de ley presentada por la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, que ha sido rechazada al recibir 66 votos en contra, los de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU y solamente seis a favor (los de PP+Cs y Vox). El texto pretendía que el Parlamento rechazara “la imposición de las políticas lingüísticas en el acceso al empleo público mantenidas durante décadas por el Gobierno vasco”, al considerarlas “discriminatorias, abusivas, desproporcionadas y contrarias al principio de igualdad en el acceso a la función pública”. Además, a través de la iniciativa se trataba de instar al Gobierno vasco a que “con carácter general, el euskera no sea requisito imprescindible para el acceso a la función pública”.