Las indemnizaciones millonarias para 3.000 profesores jubilados vascos siguen en el limbo judicial

Las indemnizaciones millonarias para alrededor de 3.000 profesores vascos que se prejubilaron a cambio de una prima que nunca han recibido siguen en el limbo judicial. El consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz, se ha mostrado este viernes en el Parlamento Vasco seguro de que prosperará el recurso que el Ejecutivo ha presentado contra la primera sentencia de una demanda colectiva que reconoce el derecho de estos profesores a recibir el dinero prometido a cambio de que adelantaran su jubilación. En respuesta a una pregunda formulada por el parlamentario de PP+Cs, José Manuel Gil, el consejero ha señalado que la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en la que se reconoce el derecho a cobrar las primas por prejubilación, “contraviene la doctrina jurisprudencial dictada por esta Sala por idénticas reclamaciones”, motivo que sustancia el recurso presentado por el Ejecutivo.

La última sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Vitoria, que responde a tres demandas colectivas que se han agrupado en una y en la que están representados 2.362 personas, da la razón a los docentes, y les reconoce el derecho a cobrar las primas por prejubilación, que se habían acordado con el Departamento de Educación, que el Ejecutivo vasco -bajo el mandato del socialista Patxi López- “suspendió” en 2012 por la crisis económica y que nunca más se recuperaron. Esta sentencia, conocida en el mes de junio, es la primera que da respuesta a una demanda colectiva, pero ha habido otras individuales que se han ganado también en primera instancia y que después el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado. 

“Me enseñaron que lo que se firma se cumple”

Gil ha afeado al Gobierno vasco que haya decidido recurrir esta sentencia y “alargar el conflicto” en el que están inmersos cerca de 3.000 profesores. “A mí me enseñaron desde pequeñito que lo que se firma se cumple siempre”, ha señalado el representante de PP+Cs. “Eso es lo que su departamento debe enseñar a los niños; y mal va a poder hacerlo si su conducta dice lo contrario”, ha insistido.

Gil ha recordado que se trata de unos docentes que “después de décadas de servicio público, deciden jubilarse porque se les ofrecen unas condiciones y posteriormente se incumplen desde el Gobierno. Es indignante. Con casos como este no es de extrañar el profundo descrédito con el que los ciudadanos ven a la política”. En este sentido, ha pedido al Gobierno que cuando el 25 de este mes apruebe los presupuestos “se comprometan a que este año no van a incluir la cláusula de suspensión del acuerdo”.

Bildarratz se ha mantenido firme, si emnargo en que hay jurisprudencia suficiente que argumenta que una norma con rango de ley, como es la ley presupuestaria, “ostenta una jerarquía superior sobre cualquier acuerdo regulador y, por tanto, la suspensión que prevé ha de prevalecer sobre lo dispuesto en dicho acuerdo. A la vista de los pronunciamientos previos de los tribunales, y según nuestros servicios jurídicos, no cabe, por tanto, una estimación de la reclamación efectuada, ya que se produciría una vulneración de la jerarquía normativa”.