Un informe avisó al Gobierno vasco de que el sindicato agrario de Álava incumplía la normativa de igualdad

Javier Torre, todavía presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava (UAGA) hasta que en marzo se celebren nuevas elecciones en las que él no concurre, está imputado en una causa penal abierta en Vitoria a instancias del sector crítico de la organización. En concreto, prestó declaración por haber incumplido los requisitos de igualdad de género en su equipo y por haber accedido, pese a ello, a subvenciones públicas del área de Agricultura del Gobierno vasco. Al sumario de la causa ha sido incorporado un informe previo a la concesión de 80.000 euros por parte de la Administración vasca correspondientes al ejercicio 2021 y que constata que UAGA no estaba cumpliendo las previsiones legales en lo tocante a presencia de mujeres en sus órganos de dirección. Además, constata que la solicitud de la ayuda incorporaba unos datos no reales sobre paridad.

Este dictamen, al que ha tenido acceso este periódico, lo elaboró la denominada “Comisión de Seguimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras” en 2021 y ha llegado al juzgado de Vitoria que analiza esta denuncia en enero de 2023. En él se explica cómo UAGA, en 2019, eligió un equipo rector con cinco titulares -cuatro varones y una mujer- y tres suplentes, todos hombres. En 2021, la mujer y otro vocal causaron baja y, por lo tanto, todo el comité ejecutivo renovado fue masculino. Como fechas clave, en ese informe se hace mención a que fue en 2015 cuando el Parlamento Vasco aprobó por ley el estatuto de la mujer agricultora para impulsar la igualdad también en el primer sector. Esa norma establece que, a partir de octubre de 2019, “las Administraciones vascas […] no podrán conceder ayudas ni subvenciones a las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales, sindicales o de otra índole que operen en el ámbito agrario y no tengan presencia de mujeres en sus órganos de dirección”. Y a ello, desde octubre de 2021, se le añade que esa presencia ha de ser “equilibrada”.

Así, el documento apunta a que en 2019, cuando se presentó esta candidatura a dirigir el sindicato agrario alavés, “ya se conocía que agotaría su mandato sin poder cumplir con lo establecido” en materia de igualdad. Y eso que habían pasado “casi cuatro años” desde la promulgación del estatuto de la mujer agricultora, enfatiza. Además, UAGA había sido informada de que se podrían aplicar estas previsiones y, de hecho, forma parte de la Comisión de Seguimiento. Hasta 2021 sí podía haber accedido a ayudas acogiéndose al régimen transitorio pero el informe remarca que la marcha de la única mujer rompió ese esquema. Con o sin abandono, desde 2021 a 2023 sí o sí iba a ser imposible que la UAGA encajara en las previsiones legales. Recuerda este informe a UAGA no hay “excepcionalidad” posible para ellos, algo previsto para casos extremos. “Está integrada actualmente por 1.113 explotaciones agrarias y ganaderas, de las cuales […] un 16% cuenta con mujeres titulares, por lo que UAGA cuenta con 178 mujeres”, se puede leer. 

Precisamente este mes de marzo la UAGA celebra su proceso electoral con dos candidaturas que sí reservan al menos el 40% de puestos a mujeres. Javier Briñas aparece como el aspirantes continuista y Edurne Basterra como la alternativa. Torre no puede presentarse porque ha agotado ya el máximo de ocho años. Sin embargo, ya en 2022 hubo un cambio en la composición de la dirección de la UAGA. En medio de la polémica y de las denuncias de irregularidades, dos mujeres se convirtieron en vocales. El sector crítico interpreta que los actuales estatutos impiden que personas que no aparecían en las candidaturas de 2019 entraran al comité ejecutivo como suplentes. Se trataba de un movimiento para lograr un 40% de presencia femenina ante los problemas que empezaba a suponer estar al margen de la normativa de igualdad.

En concreto, la secuencia es la que sigue. UAGA realizó una solicitud de ayudas garantizando que cumplía con las cuotas femeninas -y bajo advertencia de que una “falsedad” le dejaba automáticamente sin los fondos-, después Agricultura encargó a la Comisión de Seguimiento un análisis de la situación de la UAGA que resultó negativo y, a partir de ahí, se produjo el cambio sin elecciones en el la dirección de la organización. Fuentes de la UAGA insisten en que todavía la causa judicial por estos hechos está en una fase muy prematura. Sobre la denuncia, manifiestan también que, en medio del cruce de informes, pidieron una “prórroga” al Gobierno vasco para aplicar la normativa de igualdad y que, al no recibirla, cumplieron las previsiones legales con los nombramientos de 2022.

Sin embargo, antes se buscó otra estrategia. En la causa consta también que se solicitó la ayuda de 2021 indicando que la dirección de la UAGA la componían seis personas -y no cinco- y que una de ellas era mujer. Aparentemente, habían incluido a una persona no electa con responsabilidades de gestión para solventar el trámite. Torre declaró como investigado (imputado) antes de Navidad y solamente contestó a preguntas de la magistrada instructora, Susana Junquera. El sector crítico solicitará ahora que comparezcan en el juzgado los “responsables” del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que tramitaron las subvenciones a la UAGA, que se repitieron con la misma cantidad en 2022.

Desde el Gobierno vasco, las fuentes consultadas indican que en un primer momento se respondió a UAGA que no cumplían con la legislación y que solamente se acordó dar la subvención cuando el sindicato acreditó “posteriormente” en un “acta” los “nombramientos de mujeres en el consejo de dirección”. “En ningún caso se ha firmado la subvención antes de que cumplieran el requisito”, recalcan desde el área de la consejera Arantxa Tapia. El “procedimiento” que siguió UAGA para acomodarse a la paridad ya es “cosa” de la propia organización y “hay que ser respetuosos” con la causa judicial que lo analiza.