El juzgado archiva parte del 'caso Bidegi', que implicaba cargos del PNV en la Diputación de Gipuzkoa

El Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Azpeitia ha acordado, mediante un auto, el sobreseimiento provisional de la causa relativa al tramo de la autopista AP1 Arlaban-Eskoriatza que se incoó a raíz de una querella interpuesta por la Diputación Foral de Gipuzkoa, entonces gobernada por Bildu, contra el Ejecutivo anterior del PNV que presidía Markel Olano (PNV) y representantes de la empresa pública Bidegi y de la empresa constructora por presuntos pagos irregulares. El denominado 'caso Bidegi' investigaba si en la construcción de la AP-1 se pagaron con dinero público unos trabajos que supuestamente nunca se llegaron a realizar. Estas es una de las partes del caso, ya que queda por resolverse la primera querella puesta por el Gobierno foral liderado por Bildu, correspondiente a la zona de Basagoiti.

El auto, fechado el 25 de agosto, afirma que “la extensa documental obrante en las actuaciones con las declaraciones testificales y periciales practicadas no ha hecho sino poner de manifiesto las numerosas incongruencias que presentaba el informe pericial presentado junto con las querella origen de las presentes actuaciones”.

“No habiendo acreditado, si quiera de forma indiciaria, los hechos recogidos en la querella sino al contrario, habiéndose acreditado que el informe sustentador de la querella estaba repleto de errores”, el auto procede a acordar el “sobreseimiento provisional”, al que cabe interponer recurso de apelación en un plazo de cinco días desde su notificación.

La investigación arrancó en 2014 cuando la Diputación de Gipuzkoa, entonces gobernada por Bildu y con Martin Garitano como diputado general, presentó dos querellas por malversación de fondos públicos y falsificación de documentos en el tramo Eskoriatza-Arrasate y en el del túnel de Isuskitza. Así, la coalición soberanista aseguraba haber contabilizado en el 'caso Bidegi' 13,6 millones de euros por trabajos “no realizados”.

Los imputados eran el exdirector técnico de Bidegi, Agustín Zugasti, el representante de la empresa de ingeniería Eptisa-Cinsa, que ejerció la dirección de obra, Juan Bautista March, y el de la UTE Laurena, encargada de ejecutar los trabajos, Iván Fernández de Land.

EH Bildu: “Un cierre en falso que hurta la verdad a la ciudadanía”

EH Bildu ha considerado que el “cierre en falso” de una parte del 'caso Bidegi' supone “hurtar a la ciudadanía su derecho a conocer la verdad y a un proceso con todas las garantías”. Así, ha denunciado que tanto la Fiscalía como el PNV “han intentado que este caso cayera en saco roto a lo largo de los 8 años de instrucción, impidiendo realizar la tercera pericial imparcial”. En este sentido, ha anunciado que analizará en los próximos días su decisión con respecto a recurrir dicho auto junto a sus abogados, “siempre manteniendo su compromiso con la ciudadanía por una gestión pública transparente”.

Según ha destacado la coalición soberanista en un comunicado, esta querella tenía “una sólida base” en sendos informes periciales y mediciones que acreditaban que las constructoras que ejecutaron el proyecto de construcción “habían percibido ingentes cantidades de dinero” por parte de la Sociedad Pública Bidegi por “conceptos no ejecutados mediante el incremento de mediciones o conceptos inexistentes”. En esa línea, ha apuntado que el cambio de Gobierno foral en 2015 supuso que la acusación particular “se desdijera de la querella, presentando informes contrarios” y tanto la Fiscalía como el PNV “han intentado que este caso cayera en saco roto a lo largo de estos 8 años de instrucción”.

La acusación popular ejercida por cuatro ex junteros de Bildu “ha solicitado en reiteradas ocasiones que se realizara un informe pericial imparcial”. EH Bildu ha incidido en que “ni la UCO de la Guardia Civil ni la Unidad de delitos económicos de la Ertzaintza lo han realizado aduciendo incapacidad material para realizar este tipo de investigación compleja”.

Así, ha apuntado que “no existiendo medios públicos para el esclarecimiento de este tipo de delitos, se solicitó una pericial en el año 2021”. Ese mismo año, la Diputación Foral solicita el archivo del procedimiento. “La respuesta del juzgado ha venido dos años después y acuerda no ha lugar a un nuevo informe pericial dada la desproporcionalidad del coste presupuestario que el mismo supone”, ha asegurado la coalición soberanista.

En su opinión, “esta tercera pericial imparcial era crucial que se realizara” y así lo ha pedido la dirección letrada de la acusación popular. EH Bildu ha afirmado que el transcurso del procedimiento, “lleno de dilaciones”, y la “nula voluntad” de realizar la práctica de la prueba solicitada “deja a las claras la nula voluntad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Juzgado de Azpeitia de esclarecer este caso”.

Eider Mendoza: “Un refrendo a la interidad de la Diputación y de Bidegi”

Por su parte la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha considerado que el sobreseimiento de la querella supone un refrendo “al buen nombre y a la integridad” de la Diputación Foral y de Bidegi. También supone, a su entender, un refrendo de las personas que fueron tan “injustamente tratadas y señaladas” por esta querella, así como al “descrédito de quienes no tuvieron ningún reparo a la hora de menoscabar a las instituciones guipuzcoanas valiéndose de ”datos erróneos“ y de ”omisiones con el objeto de dañar a su adversario político“.

Aunque Mendoza ha querido mantener una posición de “prudencia” ante el auto del juzgado de Azpeitia, al tratarse todavía de un sobreseimiento provisional y al seguir todavía en sede judicial la primera querella puesta por el Gobierno foral liderado por Bildu, correspondiente a la zona de Basagoiti ha afirmado que este primer auto establece “con absoluta claridad”, por un lado, “la inexistencia ni siquiera de indicios constitutivos de delito” y, por otro lado, los “llamativos errores y omisiones” existentes en la documentación presentada junto con la querella.

La máxima responsable foral ha insistido en “reivindicar el buen nombre y la integridad de nuestras instituciones”, en este caso de la Diputación y de Bidegi, así como de “todas las personas trabajadoras, funcionarias y representantes públicos que en su día ser vieron salpicados por esta querella injusta e infundada que solamente perseguía fines partidistas, tal y como demuestra su presentación justo tres días antes de que arrancara la campaña electoral de 2015”. “En política no todo vale y, mucho menos, actuar directamente en contra de la honorabilidad de las personas y de la credibilidad de las instituciones, basándose en datos erróneos e interpretaciones infundadas, y sin contar con otro objetivo que atacar al contrario político”, ha subrayado.