El PNV lo ha vuelto a hacer. Con negociaciones hasta la medianoche de este martes, los nacionalistas vascos han arrancado al Gobierno central un nuevo acuerdo de última hora -y con importante calado económico- que posibilitará que Iñigo Urkullu no se caiga de la fotografía de unidad buscada por Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes que tendrá lugar este viernes en Salamanca y de la que, finalmente, solamente se descolgará el catalán Pere Aragonés. Lo que desde fuera se interpreta como un nuevo ejemplo de habilidad negociadora, en el entorno de Urkullu se describe como el simple cumplimiento de compromisos institucionales con Euskadi que el Ejecutivo tenía retrasados.
Lo llamativo es que Urkullu ha calcado la estrategia del pasado año, cuando en estas mismas fechas se celebró otra cumbre presencial en San Millán de la Cogolla (La Rioja) como colofón a más de una docena de sesiones telemáticas durante cada domingo del confinamiento. Este año, como el pasado, el Gobierno central ha accedido a reunir un órgano llamado comisión mixta del Concierto Económico y que decide sobre la financiación específica de los territorios vascos fruto de su régimen fiscal específico. En 2020, minutos antes de la conferencia, Sánchez accedió a que Euskadi ampliara su margen de déficit, con el cual ha podido elaborar los presupuestos más altos de su historia este ejercicio. En 2021, la comisión mixta se reunirá este mismo jueves, a 24 horas de la conferencia, y el déficit de 2022 estará encima de la mesa.
Pero sobre todo se acordará la concertación de nuevos impuestos para que sean gestionados y recaudados por las tres Haciendas forales, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, cuyos representantes viajarán a Madrid junto con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu. Se trata de nuevas figuras vinculadas al comercio electrónico, como el denominado IVA OSS, en vigor desde el 1 de julio y que hará que las Haciendas vascas sean ventanillas únicas como lo son las de cualquier Estado miembro de la Unión Europea para una empresa que venda por Internet a otros países comunitarios. Otras son la denominada ‘tasa Google’, que grava la difusión de contenidos digitales protegidos con un 3% siempre que la compañía facture 750 millones en el mundo y 3 en España, o la ‘tasa Tobin’, que afecta a transacciones financieras de compañías de más de 1.000 millones.
No se ha dado una cuantificación económica de los acuerdos. De hecho, el Gobierno vasco ha optado por poner el foco en el “fuero” y no en el “huevo”, es decir, en la importancia de que se reconozca la singularidad vasca más allá del beneficio que le pueda suponer, aunque las fuentes consultadas reconocen que, al menos en el caso del comercio electrónico, se trata de una figura que obviamente tiene una relevancia y más en un sector económico que crecerá en el futuro. Urkullu, de hecho, ha enfatizado la importancia del pacto para el desarrollo del “autogobierno”. En lo que va de 2021, también se ha acordado la transferencia de Prisiones -que será una realidad el 1 de octubre- o que la Ertzaintza participe en investigaciones en Francia al igual que la Policía Nacional o la Guardia Civil.
Para Urkullu supone una pequeña victoria el viajar a Salamanca con una posición que no tendrán otros líderes autonómicos. De hecho, siempre se ha mostrado receloso de foros “multilaterales” que igualan a Euskadi con otras autonomías, por más que la ikurriña ondee al lado de la bandera española y Urkullu sea siempre el primero intervenir por orden de protocolo y tradición, ya que su Estatuto es el más antiguo. Además, el lehendakari había puesto en evidencia esta semana algunos aspectos que no le gustan de una cumbre que no está prevista ni en la Constitución ni en el Estatuto y que, en su edición de 2021, no ha sido convocada con las reuniones preparatorias y antelación exigidas en sus propios reglamentos, como ha denunciado también la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Concede Urkullu, eso sí, que los asuntos que se tocarán -COVID-19, fondos europeos y reto demográfico- tienen el calado suficiente entre la ciudadanía vasca como para no dejarla huérfana de representación. Aquí ha jugado su papel el PSE-EE, que gobierna en coalición con el PNV en Euskadi y que había demandado a Urkullu que participara sí o sí.
El PNV, como partido, opta por no valorar la situación, aunque en las últimas semanas ya había subido el tono con Sánchez. A nivel institucional, Urkullu lo resumió mostrando su “estado de ánimo no positivo” hacia el presidente, unas tensiones que se han repetido cíclicamente durante la pandemia. A nivel de partido, los nacionalistas en el Congreso suelen utilizar la metáfora del depósito de gasolina y la reserva para medir sus relaciones con La Moncloa. El enfrentamiento más sonado de fechas recientes ha sido con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a cuenta de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital arañada en otro acuerdo de última hora en 2020 para que el PNV apoyara 'in extremis' una de las prórrogas del primer estado de alarma. Aquí los socialistas vascos también se alinean en la exigencia de que Euskadi no sea una “sucursal” del Gobierno central a la hora de abonar estas prestaciones.
Pero los nacionalistas llevan años combinando la exigencia con acuerdos. Significativamente, su denominación en Madrid sigue siendo la de “grupo vasco”, aunque en el flanco nacionalista EH Bildu ya tenga grupo propio también y haya diputados de otras formaciones también vascos. En el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos el PNV se ha convertido en el aliado más sólido en estos años, pero su pragmatismo hizo que también lo fuera antes de Mariano Rajoy, con quien alcanzó igualmente acuerdos políticos y económicos de mucha relevancia. De hecho, todavía una semana antes de decantar la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, el partido de Andoni Ortuzar cerró un pacto presupuestario con el PP valorado en 540 millones de euros. ¿Próximos objetivos? Este miércoles han avisado de que reclamarán una mejora en la conexión de tren de Santander a Bilbao. Y vienen advirtiendo de que no aceptarán un reparto de fondos europeos entre las comunidades autónomas con criterios poblacionales o de “cohesión”.