Piden paralizar el contrato de ambulancias para las fiestas de Aste Nagusia de Bilbao con Grup La Pau

El sindicato LSB-USB ha interpuesto en las últimas horas un recurso contra la adjudicación a la empresa catalana de ambulancias Grup La Pau de un contrato para la gestión del servicio de asistencia sanitaria de primeros auxilios en las fiestas de Aste Nagusia de Bilbao tanto este verano como en 2025, estimado en un total de 261.800 euros para ambos ejercicios. La central alega que esta compañía ha recibido una propuesta de sanción de naturaleza “muy grave” por parte de la Inspección de Trabajo y que ello es un motivo recogido en la ley para impedir a una empresa acceder a contratos públicos como lo es una condena de corrupción, por ejemplo.

Grup La Pau es la principal empresa adjudicataria del servicio de ambulancias en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Gestiona en Álava y en Bizkaia tanto el servicio programado como el urgente. Recibe dos tercios de unas adjudicaciones estimadas en unos 280 millones en total, lo que se traduce en unos 50 millones de euros anuales, según los datos de la propia firma. Al igual que el transporte sanitario urgente fue renovado con Grup La Pau el pasado verano, este mayo iba a actualizarse la financiación del programado con una subida del 24% del dinero público asignado a la empresa. Sin embargo, el sindicato UGT recurrió ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) del Gobierno vasco recordando precisamente que la normativa estatal excluye la posibilidad de que empresas con sanciones “muy graves” puedan recibir nuevos contratos.

UGT logró una paralización cautelar del nuevo contrato -que sí se ha puesto en marcha en Gipuzkoa, donde los vehículos son de Ambulancias Gipuzkoa, otra cooperativa- y LSB-USO emplea ese mismo precedente y esos mismos argumentos para que el OARC paralice igualmente la adjudicación del Ayuntamiento de Bilbao, que fue firmada el 15 de mayo, cuando ya se conocían estos hechos. Señala LSB-USO que la propia Osakidetza admite que esta situación “podría conllevar a la adjudicataria la prohibición de contratar”, por lo que entiende que sería razonable que el Ayuntamiento hiciera lo mismo.

Abunda el escrito de LSB-USO que, adicionalmente, Grup La Pau ha decidido unilateralmente aplicar un “descuelgue” del convenio por no haber recibido esa nueva financiación, es decir, recortar los salarios un 12,5% mensual hasta otoño, cuando prevé haber ganado este contencioso. En la documentación para justificar esa medida drástica se alude a que la empresa está en puertas de una “quiebra técnica”. Se habla de unas pérdidas ya constatadas de 5 millones y de una previsión de que alcancen los 9 a finales de este año si no cambia la tendencia. Por ello, “en ningún caso podría superar las exigencias de solvencia económica” requeridas para atender el servicio en Bilbao, arguye LSB-USO. Se alerta, finalmente, que Grup La Pau no dispone de personal con contrato indefinido para fiestas dado que todos los profesionales fijos están adscritos a Osakidetza y, por lo tanto, no podrían realizar esas funciones.

La propuesta de adjudicación del servicio de emergencias para Aste Nagusia fue promovido por el área de Fiestas del Ayuntamiento, cuya responsable es Itziar Urtasun, del PNV. La documentación viene firmada par la directora de Contratación, Mirari Lauzirika. Se abrió un concurso público y no se presentó ninguna empresa al margen de Grup La Pau. Se trata de una cooperativa catalana que hace unos años decidió implantarse en Euskadi. Tiene unos 1.700 empleados y ya son 1.200 en Bizkaia y en Álava por 500 en su territorio originario.

Esta misma semana el vicepresidente y director financiero de Grup La Pau, Jordi Alonso, ha ofrecido una entrevista a este periódico. La compañía estima que la sanción “muy grave” de la Inspección de Trabajo no es “firme” y que, por lo tanto, puede licitar, puede formalizar contratos y puede continuar ejecutando los que ya tiene firmados. Confía en que el OARC tumbe las pretensiones de UGT respecto al gran contrato de ambulancias programadas. Asimismo, argumenta que la calificación de “muy grave” es muy exagerada. Se trata de una sanción por retrasos en el pago de las nóminas y sostiene que han sido unas incidencias mínimas para la plantilla, algo que contradicen los sindicatos. Aseguran también que los representantes de los trabajadores denuncian “cualquier cosa”, aunque fuentes oficiales constatan que además de esta infracción Grup La Pau ha recibido otras 22 de la Inspección de Trabajo en solamente un año, todas ellas con la calificación de “graves”.