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Las Policías vascas pusieron 58.259 denuncias por incumplimientos de la normativa sanitaria en los dos estados de alarma

Una agente de la Ertzaintza, en una intervención

Iker Rioja Andueza

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El balance de los dos estados de alarma en España para controlar la COVID-19 (el primero de marzo a junio de 2020 y el segundo de octubre de ese año a mayo de 2021) se ha cerrado en Euskadi con 58.259 denuncias por incumplimientos interpuestas por la Ertzaintza (36.337) y por los cuerpos locales (21.922). La estadística no recoge los datos de las Policías de Vitoria, Bilbao y Barakaldo, que son tres de las cuatro localidades más pobladas junto con Donostia, que sí está integrada en el sistema conjunto. Estas multas equivalen al 2,67% de la población vasca y al 24% de los alrededor de 240.000 positivos que se han diagnosticado en toda la pandemia.

En septiembre, el Departamento de Seguridad decidirá qué ocurre con aquellas sanciones del primer bloque afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo el confinamiento domiciliario. Suman 22.957 (unas 250 por día) y la mayoría se debieron precisamente a estar en la calle sin permiso. En principio, la propia sentencia del alto tribunal ya puntualiza que no son revisables los actos sancionadores ya cerrados. Pero la realidad es que menos de la mitad de todas las denuncias constan como “expedientes finalizados”, en concreto 10.584 de las 22.957. En 5.256 ocasiones las multas (generalmente de 600 euros) se abonaron con el sistema de “pronto pago”, que suponía un ahorro del 50%. Por esa vía se recaudaron 1.568.116 euros. En el resto de 5.328 casos, sin embargo, hay casi tantos que han acabado en multa (2.961) como los que se han resuelto sin sanción (2.367).

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, mostró su sorpresa cuando se conoció la sentencia. De hecho, aludió a una situación de “desánimo” por todo el trabajo realizado por controlar el cumplimiento de las medidas y para la posterior tramitación de los expedientes. De hecho, explicó que se tuvo que contratar personal para reforzar las tareas administrativas y desarrollar un nuevo aplicativo informático. El volumen de papel “se multiplicó por cuarenta”, recalcó Erkoreka.

En el segundo estado de alarma, cuya validez jurídica no ha sido cuestionada, las multas fueron 35.302, unas 180 diarias. Aquí son 3.005 los expedientes finalizados. En 2.471 los multados se acogieron al “pronto pago”, lo que supone una recaudación de 743.216 euros. El total de los dos ciclos asciende a 2.311.332 euros. Apenas se han iniciado a resolver los procedimientos que siguen el cauce ordinario de entre las denuncias recogidas desde finales de octubre hasta principios de mayo.

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