Los presupuestos vascos tendrán al final un fondo de 12 millones para mantener el 50% de rebaja en el transporte en 2023
La partida queda lejos de los 72 millones estimados para garantizar los descuentos durante todo el año y llega tras un acuerdo entre el Gobierno de PNV y PSE-EE con Elkarrekin Podemos-IU
Los presupuestos vascos, finalmente, contarán en 2023 con una partida mínima para mantener los descuentos del 50% en los transportes públicos autonómicos, forales y municipales. Tras un intenso debate político entre el PSE-EE -que gestiona esta competencia en todas las instituciones- y el PNV -que ha acabado aceptando esta medida a regañadientes y pidiendo que la pague en su mayoría el Estado-, que ha incluido acusaciones cruzadas de “deslealtad”, los socios de Gobierno finalmente han accedido a incorporar mediante una enmienda una partida de 12 millones de euros para seguir financiando las bonificaciones. Con todo, ese fondo aprobado ya en comisión figura como “no” ampliable y queda muy lejos de los que 72 millones de euros que se habían estimado para el mantenimiento de los descuentos en 2023 en el caso de que el Gobierno central no aporte el 60% del dinero, como en 2022, o de los 36 millones que implicaría tenerla en vigor seis meses, como se ha previsto en un principio. 12 millones equivaldrían solamente a mantener la rebaja en enero y en febrero.
Los descuentos fueron ideados por el Gobierno de Pedro Sánchez dentro de las medidas extraordinarias para combatir la crisis energética y la inflación. Entraron en vigor en septiembre. En los servicios estatales como Renfe son bonificaciones del 100% y en el caso vasco, los autonómicos, forales y municipales están al 50% con un modelo que implica que el 60% (30% de la rebaja) lo aporta el Estado y el resto, a medias, el Gobierno vasco y la institución competente. De cara a 2023, el consejero del ramo, el socialista Iñaki Arriola, era partidario de mantener esta política, aunque con la mira puesta en otro modelo más progresivo de cara al futuro. Sin embargo, en el proyecto presupuestario no se contemplaba ni un solo euro y, en la presentación de los números, solamente a preguntas de la oposición mostró esta voluntad. Fuentes socialistas repetían que no era necesario presupuestar nada y que se podían gestionar con remanentes. En las diputaciones de Gipuzkoa y Álava, en cambio, el PSE-EE sí había previsto fondos para la medida estrella en materia de Transportes. El PNV, finalmente, ha aceptado esta medida a regañadientes. Eso sí, insiste en que es una idea de Sánchez y que es el Estado el que debería correr con la mayoría de los gastos.
La representante de EH Bildu en la comisión de Presupuestos, Leire Pinedo, ha enfatizado que el acuerdo “no da cumplimiento total al mandato parlamentario”. La coalición abertzale también defendió los 72 millones para 2023. Con todo, Pinedo ha afirmado que no van a “obstaculizar” la aprobación de la enmienda, aunque sus votos son irrelevantes ante la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE reforzada con el 'sí' de Elkarrekin Podemos-IU. La parlamentaria del PNV, Alaitz Zabala, ha replicado a EH Bildu con dureza: “Nos han dado un no. Podían haber logrado 12 millones para el transporte pero no han querido”.
Aunque PNV y PSE-EE gozan de mayoría absoluta en el Parlamento y aunque el Gobierno de Iñigo Urkullu naufragó en su intento de lograr un acuerdo con la oposición como ocurrió el pasado año con EH Bildu, deliberadamente ha querido evitar la imagen de rodillo y ya era conocida su voluntad de aceptar algunas propuestas del resto de partidos, también incluso de la coalición abertzale a pesar del distanciamiento político actual entre ambas partes. De hecho, de los 30 millones prometidos el viernes por el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, se ha pasado a 39 millones. Además de los 12 millones para el transporte, el Gobierno ha pactado con PP+Cs una partida adicional de 10 millones para reforzar inversiones en Osakidetza en plena crisis de la Sanidad pública. El resultado de las votaciones ha arrojado un balance de 20,3 millones aceptados a Elkarrekin Podemos-IU -las otras enmiendas aceptadas son para la Educación pública, Lanbide y Osalan-, 17 a PP+Cs -también para Lanbide y para ayudas a las familias- y únicamente 1,5 millones a EH Bildu -la mayoría para salud mental-. Vox ni participó en las negociaciones presupuestarias ni tampoco en estos ajustes finales.
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