El PSE-EE matiza las políticas de memoria del PNV y apela al “rigor histórico” y a retirar símbolos de ETA de las calles

Una de las novedades en el Gobierno de Imanol Pradales es que el PSE-EE asumió las políticas de memoria en una cartera llamada Justicia y Derechos Humanos y dirigida por María Jesús San José, que ya estuvo en el Ejecutivo con Iñigo Urkullu entre 2016 y 2020. Los socialistas quieren matizar las políticas en esta materia llevadas a cabo por el PNV hasta ahora y no lo ocultan. En el Parlamento, durante la presentación de las líneas generales de la legislatura, San José ha asegurado que el Instituto de la Memoria (Gogora) se tiene que “abrir a la Universidad y la academia, al rigor histórico”. “Comienza un nuevo ciclo”, ha mencionado en un par de ocasiones. También ha planteado que toca explicar con más “claridad” lo que representó ETA, ya que fue “la organización terrorista que más persistió en el tiempo en toda Europa”. En ese sentido, ha asegurado que uno de sus objetivos es que la simbología asociada a ETA desaparezca de las calles.

“No es admisible éticamente que la imagen de los victimarios y los símbolos que les representan ocupen el espacio público. No se trata sólo de una actitud pasiva, la de no ensalzar los crímenes cometidos y sus autores. Una sociedad democrática plena debe ser proactiva para rechazar expresamente y poner los medios a su alcance para impedir la exhibición acrítica de los victimarios. De ninguno”, ha manifestado San José. Ha agregado que el consejo de participación de las víctimas tiene una propuesta de “reforma legal acotada” para incluir un régimen sancionador. La consejera ha recordado que la reciente ley autonómica de memoria histórica ya lo prevé para casos de enaltecimiento del franquismo.

La consejera ha explicado que toca “evaluar y mejorar” el material educativo para llevar a las aulas el “pasado reciente”. Ha señalado que el pilotaje de Herenegun se ha completado ya después de tres cursos y ha afirmado que ahora habrá que “conocer su eficiencia real” y “adoptar las decisiones que correspondan”. Igualmente, se aspira a “ampliar” Adi Adian, que es el plan de visitas a los colegios de las propias víctimas.

Gogora, la pieza fundamental de las políticas de memoria en Euskadi y que ahora pasa a estar dirigida por Alberto Alonso tras la larga etapa de Aintzane Ezenarro, gestiona lo relativo a la Guerra Civil, a la dictadura franquista, al terrorismo de ETA y de otras organizaciones como los GAL y a las víctimas de violencia policial. El PSE-EE insiste en que tiene que pasar, particularmente en lo tocante al pasado más reciente, de limitarse a recoger el “dolor de las víctimas” a “señalar con claridad” a los victimarios. También en lo tocante quienes “haciendo un uso ilegítimo del poder policial o judicial decidieron sobre la vida y la integridad de las personas, también con fines políticos”, en probable referencia a los GAL. En este sentido, ha señalado también que es deseo reforzar los medios humanos y materiales de la comisión que analiza las solicitudes de víctimas policiales. Son casos como el de Mikel Zabalza. Ha agregado que en 2024 se han acumulado los casos pendientes de atender. “A mediados de junio ya se habían superado los caso reconocidos en cualquier de los ejercicios anteriores”, ha indicado San José.

En la parte tocante a la Guerra Civil y la dictadura, al PSE-EE le corresponde desarrollar la normativa aprobada en el Parlamento en la pasada legislatura, aunque Ezenarro firmó el inicio de tramitación del nuevo decreto ya sabiendo que iba a dejar el cargo. San José ha indicado que hay que “impedir el ascenso de la ultraderecha” en Euskadi desde la “pedagogía democrática”. La consejera ha remarcado que “hubo una dictadura que comenzó con una sublevación contra el Gobierno legítimo de la república española y el Gobierno legítimo de Euzkadi, que provocó una Guerra Civil en la que se asesinó, esclavizó, torturó y se hizo desaparecer a personas y que utilizó todos los resortes de poder para imponer un sistema totalitario que vulneraba los derechos humanos”. Ha apelado también a “salva los obstáculos” para poner en marcha ya el nuevo memorial sobre la matanza del 3 de marzo de 1976 en el barrio de Zaramaga de Vitoria.

Desde el PNV, ha tomado la palabra Xabier Barandiaran, que es también dirigente del Euzkadi Buru Batzar. En su intervención, íntegramente en euskera, ha avisado a San José de que ha realizado propuestas que no están recogidas en el acuerdo de coalición. Le ha afeado que se presenten planes o reformas legislativas públicamente cuando es preferible consensuarlos previamente en el seno del Gobierno. A izquierda y derecha, con motivaciones opuestas, EH Bildu y PP y Vox han demandado al PSE-EE que promueva un relato “veraz” de la memoria.

“En breve” la cárcel de Zubieta

La cartera de San José gestiona también Prisiones. Se cumplen tres años desde la transferencia a Euskadi de la competencia, lo que ha generado un “tensionamiento” en los centros penitenciarios recibidos del Estado, en palabras del anterior equipo. El Ejecutivo espera que “en breve” se pueda inaugurar la nueva cárcel de Gipuzkoa, la de Zubieta. Cuando así sea, el moderno recinto sustituirá al de Martutene y completará a los de Basauri y Zaballa.

La consejera ha hablado también de “motivar” a la plantilla -unos 800 funcionarios- y de cerrar de modo “inminente” la nueva relación de puestos de trabajo al calor del acuerdo alcanzado con el sindicato mayoritario, ACAIP-UGT. Asimismo, ha comprometido “mejorar la comunicación” con las víctimas de presos por delitos de terrorismo, violencia sexual o violencia de género. Habrá “un nuevo protocolo de información a las víctimas de los delitos”. No ha hablado de las víctimas de delitos de corrupción, que nunca han sido informadas de casos como el de Alfredo de Miguel, en régimen de semilibertad ya apenas un año después de haber ingresado en la cárcel alavesa de Zaballa para cumplir una pena de nueve años.

En materia de Justicia, la consejera aspira a reunirse con el ministro Félix Bolaños para que Euskadi tenga nuevos juzgados, “medida clave para paliar la lentitud” de la Administración de Justicia. Ha aludido a “modelos de justicia complementarios alternativos al adversarial”, a la “digitalización” del servicio y a la “euskaldunización” del personal.