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Sabotajes, investigación de la Ertzaintza y bloqueo: claves del conflicto de las ambulancias externalizadas de Osakidetza

Una ambulancia de servicios mínimos, junto a la protesta del Parlamento Vasco.

Belén Ferreras

Bilbao —

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Los trabajadores de las ambulancias externalizadas de Osakidetza suman ya casi cinco meses de conflicto, desde que arrancó el pasado mes de septiembre del año pasado y, lejos de solucionarse, parece subir de intensidad. Las reivindicaciones de los trabajadores se han visto rodeadas desde el primer momento de denuncias de las patronales de ambulancias saboteadas, con ruedas pinchadas, cristales rotos, pintadas... en un goteo continuo cada día de paro, lo que que no supone precisamente el entorno más apropiado para abordar una negociación. Este domingo la plantilla cierra los 15 días de huelga -del 8 al 21 de enero- con los que los que han arrancado el año sin que hayan servido para arrancar un acercamiento con las patronales. Al contrario. Los sabotajes, de los que las empresas responsabilizan directamente a los sindicatos, aunque estos se desmarcan claramente de los mismos, están siendo investigados por la Ertzaintza, aunque de momento sin resultados. Dentro del marco de estos sabotajes una paciente falleció el pasado fin de semana en su domicilio en Bermeo cuando un médico intentaba reanimarla mientras la ambulancia que tenía que trasladarla había sido saboteada. “La investigación está en curso y poco se puede aportar”, decía el consejero de Seguridad Josu Erkoreka el pasado lunes, pero el suceso ha tensado aún más cuerda de un conflcto que parece no tener final. Con estos mimbres, trabajadores y empresas se verán de nuevo las caras el próximo 25 de enero en la sede del Consejo de Relaciones Laborales en Bilbao.

¿Qué es lo que reivindican los trabajadores?

La plantilla que está en conflicto realiza parte del transporte sanitario urgente y no urgente para Osakidetza pero el Servicio Vasco de Salud ha externalizado este servicio, es decir mediante un concurso público se lo ha adjudicado a empresas privadas. La mayoría del servicio está en manos del Grupo La Pau y en menor medida en Ambulancias Gipuzkoa. Lo que piden los trabajadores es básicamente que se equiparen sus salarios y condiciones laborales con las de los empleados contratados directamente por Osakidetza. Esto pasa, en su opinión por firmar un convenio colectivo que garantice el poder adquisitivo que han perdido con la subida del IPC y que cifran en un 17%. Y en esta reivindicación, a la que las patronales se niegan, están unidos todos los sindicatos representados en la mesa de negociación ELA, USO, LAB, UGT, CCOO y ESK. Argumentan que el contrato con el Gobierno vasco para el servicio urgente ha subido un 30%, en el nuevo concurso para el transporte no urgente al que también concurre La Pau la dotación económica ha subido un 24%. “Pero esos incrementos no se quieren trasladar a la plantilla”, lamentan. También quieren la homologación de las condiciones en lo relativo a la jornada licencias, días de libre disposición, entre otras.

¿Qué es lo que ofrece la empresa?

Las empresas aseguran que no pueden equiparar las condiciones salariales de los empleados públicos, ni en salarios ni en otras prestaciones. La última propuesta de las patronales queda muy lejos de las reivindicaciones sindicales. Ofrece un convenio con vigencia 2024-2028, con una subida del 2,5% para cada año durante los cinco años para el salario base, pluses de nocturnidad, dietas y festividad y asistencia, además de una subida bruta de 275 euros para el plus de asistencia para cada año de los próximos cinco años. Como ofrecen una reducción de la jornada de 8 horas en 2024, y 4 horas en cada uno de los siguientes cuatro años, señalan desde la patronal que “el incremento por hora de trabajo es del 4% para cada uno de los años (dependiendo de la categoría), lo que supondrá un incremento salarial superior al 20% acumulado para los cinco años”. La propuesta ha sido rechazada de plano por los sindicatos que piden al Gobierno vasco que se implique como ha hecho en otros conflictos de trabajadores de servicios externalizados como fue el caso de la limpieza de Osakidetza.

¿Hay implicación del Gobierno vasco?

Hasta el momento, las únicas manifestaciones de miembros del Ejecutivo relacionadas con este tema están relacionadas de forma exclusiva con la condena de los sabotajes a las ambulancias y la exigencia de que los sindicatos se desmarquen de los mismos, así como de un vídeo que circuló por las redes sociales y en el que se instaba directamente a la violencia. Los sindicatos se han reunido con el departamento de Trabajo, que les ha solicitado información sobre el conflicto pero ninguna de las partes le ha pedido mediación. Con el departamento de Salud no se ha producido ningún encuentro.

¿Cuántos sabotajes se han producido?

El departamento de Seguridad del Gobierno vasco cuantifica en 230 las ambulancias saboteadas desde que arrancó el conflicto en el mes de septiembre. La cifra sin embargo, crece cada día a tenor del balance que realizan las patronales cada jornada de huelga. Los sabotajes han sido denunciados ante la Ertzaintza que los está investigando pero, de momento, no se tiene constancia de que haya ninguna persona imputada por estos hechos. Los sindicatos se desmarcan de esta acciones y consideran que lo que se pretende al atribuir a los comités el amparo de estos sabotajes es criminalizar sus reivindicaciones y poner en su contra a la opinión pública. “Somos sanitarios, no somos delincuentes”, reivindican. Pero las patronales consideran que no hay una condena clara por su parte de estos hechos. En esta última semana también se han producido acoso contra sindicalistas. Por ejemplo, un delegado de ESK ha recibido un pasquín con su fotografía junto al texto “Se busca, se pagará recompensa. Dedicación a pinchar ambulancias de emergencias. ¿Y luego la ciudadanía?”. Desde las empresas se ha condenado estos acosos.

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