Los sindicatos vascos calientan motores para un otoño conflictivo, que complicará el final de legislatura a Urkullu

A unos meses de las elecciones autonómicas el panorama se complica para el PNV en lo político, con EH Bildu comiéndole terreno en los últimos comicios electorales, pero también en lo económico, con los sindicatos calentando motores para un otoño que será conflictivo en lo laboral, en el sector privado, pero sobre todo en el público, donde el Ejecutivo tiene varios frentes sin cerrar que pueden llevar a la convocatorias de huelgas en los próximos meses. De hecho, los sindicatos están cruzando ya conversaciones en este sentido, para intentar organizar movilizaciones conjuntas de cara a este otoño en el caso de que no se puedan cerrar acuerdos en las mesas de negociación.

El lehendakari Urkullu - que todavía no se sabe si repetirá como candidato en los comicios- se ha puesto la venda antes de tener la herida y ha centrado las posibles movilizaciones que se den a lo largo de los próximos meses en la estrategia de “contrapoder” que quiere ejercer algunos sindicatos -en referencia a ELA- y que beneficia, según asegura el lehendakari, a EH Bildu. Unas declaraciones que el lehendakari realizó en una entrevista a Radio Euskadi y que no han gustado a ELA, pero tampoco al resto de los sindicatos.

“Creo que el lehendakari se equivoca con ese planteamiento. Los trabajadores y las trabajadoras llevamos mucho tiempo planteando cuáles son nuestras reivindicaciones”, señala Loli García, secretaria general de CCOO-Euskadi. “No podemos situar la reivindicación de la mejora de las condiciones laborales en el ámbito al que el lehendakari lo ha llevado ya”, en referencia al ámbito puramente electoral.

De igual forma, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, rechazaba que vincular las huelgas con las citas electorales tuviera algún fundamento. En este sentido recordaba que en 2023, en la CAV se han realizado el 56% del conjunto del Estado, cifra que prácticamente se repitió en 2022 (50%); y desde el año 2009 al 2018, se han convocaron más de 2.500 huelgas en la CAV, con la participación de casi 300.000 trabajadoras. “La lucha sindical y social son el hecho diferencial vasco para explicar las mejores condiciones de trabajo”, decía.

Lo cierto es que la conflictividad estará sí o sí encima de la mesa en unos meses en los que seguirá estando muy presente la subida de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y en un contexto en el que el 47,1% de los trabajadores vascos tienen todavía sus convenios colectivos sin renovar, según la información del Consejo de Relaciones Laborales vasco (CRL) . Hay conflictos abiertos en la construcción de Bizkaia, en hostelería, el comercio de alimentación o intervención social en Bizkaia, limpieza Gipuzkoa, residencias de Álava, entre otros. Si se mira al sector público, Osakidetza será uno de los principales caballos de batalla sin olvidar el conflicto abierto en la Ertzaintza o los problemas en Educación.

ELA defenderá los servicios públicos y de los cuidados, los derechos sociales, la recuperación del poder adquisitivo y luchará contra la desigualdad de género, señala Mitxel Lakuntza como marco de actuación para los próximos meses, sin descartar la huelga dentro del marco de la lucha sindical para condicionar la negociación de los convenios.

“Todavía tenemos un número importante de trabajadores y trabajadoras que no tienen reguladas sus condiciones y vamos a seguir trabajando en esa línea de de intentar cerrar los convenios con los salarios actualizados, sin pérdida de poder adquisitivo. Si no es así habrá conflicto”, recuerda Loli García, que señala que CCOO quiere seguir potenciar el ámbito autonómico en materia de negociación colectiva sectorial.

Negociación real

En cuanto al sector público, asegura que en estos momentos “es pronto para avanzar” si se irá a un escenario de conflictividad o si se va a abrir algún proceso de negociación. En cualquier caso, señala que “al Gobierno vasco le hemos dicho por activa y por pasiva que tiene que abordar procesos de negociación como tales, no mesas donde lo que viene es a plantear sus propuestas o sus planteamientos sin ningún tipo de negociación”. “La defensa de lo público pasa también por la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores de lo público. Vamos a seguir insistiendo que los servicios públicos que se garante de derechos para el conjunto de la ciudadanía tienen que tener una apuesta clara en mejorar las condiciones laborales de tanto a nivel de empleo como a nivel de otras condiciones”.

Desde el sindicato LAB su secretaria general, Garbiñe Aranburu, hace una apuesta clara por impulsar cambios políticos a través de la “lucha en los centros de trabajo y en la calle” para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores a los que “el aumento de los precios de los alimentos, el encarecimiento de las hipotecas, el debilitamiento de los servicios públicos, la crisis de cuidados o la vulneración del derecho a la salud laboral” están llevando a una situación límite, “mientras aumentan los beneficios de las grandes empresas y de los bancos”.

Raúl Arza, secretario general de UGT señala que la conflictividad que se produzca en los próximos meses “va a depender de la actitud de la patronal”. “Entendemos que en esta situación, la subida salarial no puede esperar más para los trabajadores y las trabajadoras y todavía queda un número importante de trabajadores sin su convenio negociado. Muchas empresas están teniendo unos beneficios récord y nosotros entendemos que eso habrá que trasladarlo a los trabajadores y las trabajadoras”, recuerda.

En cualquier caso insiste en que tanto para el sector público como para el privado una de las señas de identidad de la UGT “no hacer de la huelga una herramienta en sí mismo, sino que es una herramienta para conseguir cosas”. “Creo que podemos estar muy orgullosos con muchos de los acuerdos que hemos conseguido gracias al diálogo social”, señala Arza, que matiza, no obstante, que si este diálogo social no funciona “no se descarta la movilización”. “Hacemos un llamamiento al Gobierno vasco para que en la medida de lo posible seamos capaces de llegar a acuerdos en todo lo que tiene que ver con su personal en Educación, en Osakidetza en la Ertzaintza y en otros sectores en los que no cabe duda que la negociación colectiva está abierta, no tanto en los temas salariales, como en otras condiciones que el Gobierno vasco puede regular de forma más satisfactoria para los intereses de los trabajadores”.