Suspenden el desahucio de una familia monoparental con tres hijos en Lasarte-Oria, Gipuzkoa

Este lunes se ha suspendido 'in extremis' el desahucio por impago de rentas de una familia monoparental vulnerable con tres hijos menores a su cargo en Lasarte-Oria, Gipuzkoa. Según ha publicado la plataforma Stop Desahucios en un comunicado recogido por Europa Press, “el Real Decreto-ley 11/2020 de suspensión de los desahucios de alquiler de familias vulnerables, prorrogado hasta el 31 de diciembre, ha dado sus frutos” y el Juzgado de instrucción de Donostia ha procedido a suspender el lanzamiento. En su opinión, “es imprescindible que, ante la inflación galopante en la cesta de la compra o la energía, y con los alquileres especulativos existentes en nuestro territorio, este Real Decreto-ley vuelva a ser prorrogado para evitar que familias como esta puedan ser desahuciadas en pleno invierno”.

En esa línea, ha destacado que Etxebide, conociendo la fecha del desahucio y su condición de vulnerable, “haya respondido que no reúne las draconianas condiciones exigidas a su petición de adjudicación de una vivienda de alquiler social”. Stop Desahucios ha explicado que esta familia monoparental con tres hijos a su cargo e ingresos “precarios” procedentes de la hostelería “no ha podido hacer frente al pago de las rentas de alquiler de la vivienda en Lasarte”, por lo que el arrendador ha procedido a presentar la demanda de desahucio. Así, ha detallado que “debido a su ritmo de trabajo en la hostelería no solicitó asistencia jurídica de oficio, a pesar de que reúne las requisitos”, por lo que el desahucio estaba previsto para este lunes. “Gracias a que el jueves se puso en contacto con Stop Desahucios, pudimos presentar el viernes en el juzgado la solicitud para acogerse a este Real Decreto-ley antidesahucios junto con la documentación acreditativa de su situación de vulnerabilidad”, ha añadido.

Stop Desahucios ha vuelto a denunciar el “insuficiente” parque de viviendas de alquiler social existente en Euskadi, que “es la causa por la que, en este caso y en otros, con fechas de desahucio de inscritos como demandantes de una vivienda el alquiler social, Etxebide les contesta que no reúnen los numerosos y exigentes requisitos para la adjudicación de una vivienda social”. Finalmente, ha exigido el “tope y control” de los precios de alquiler que permita a las familias vulnerables con ingresos precarios “poder acceder a un alquiler y poder pagar su renta sin riesgo de ser desahuciados, mediante la apobación en el Congreso de la arrinconada ley de vivienda”.