El Gobierno vasco la presentado este martes el proyecto de Ley de Administración Ambiental del País Vasco, que será remitido al Parlamento para su debate y con el que se “avanza en el control de las actividades con posible impacto en el medio”. La consejera Arantxa Tapia ha señalado que, durante su tramitación, se podrán introducir mejoras y su objetivo es que incorpore una tasa de residuos industriales. Este texto retoma las propuestas de otro que el Gobierno ya presentó en la pasada legislatura y que no fue aprobado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha destacado que “es el momento oportuno para someter a debate y proceder a la aprobación definitiva de la Ley”, y se ha mostrado convencida de que “este intento será el definitivo”. Con el objetivo de agilizar la tramitación, se ha recuperado el mismo texto que se llevó al consejo en julio de 2019 y se pretende que las mejoras y aportaciones al proyecto se realicen durante su tramitación. En este sentido, ha señalado que una de los elementos a introducir será la posibilidad de establecer una tasa de residudos industriales, “en el mismo sentido que se está estableciendo desde la UE”, informa Europa Press.
La consejera ha señalado que, en estos momentos, Euskadi es uno de los únicos lugares en los que no existe esa tasa y, en estos momentos, “hay que trabajar más que nunca” en dos sentidos, por un lado, establecer esa tasa y conseguir que las empresas industriales hagan las inversiones necesarias para que los residuos que se obtienen de los procesos industriales sean “lo menos posibles”. Por otra parte, ha destacado la necesidad de colaborar para que la economía circular sea “una realidad”. “Y que, de verdad, en unos años, en el 2030 o en el 2040 nos encontremos lo más cerca posible de tener unos residuos industriales que, en este momento, se están llevando al vertedero. El objetivo es tener el mínimo, si es posible, cero, clasificarlos, valorizarlos y trabajar en pro de esa economía circular”, ha apuntado.
En este sentido, ha señalado que la tasa de vertidos industriales es una forma que ha establecido Europa de “conseguir poder hacer esas inversiones en pro de la economía circular”. “Ese va a ser el objetivo general y lo vamos a ir trabajando a lo largo de esta legislatura”, ha añadido. Tapia ha explicado que el proyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi se ha confeccionado siguiendo el concepto de “normativa inteligente”, según el cual, debe elaborarse reforzando el papel de la ciudadanía, analizando su repercusión socioeconómica y bajo la perspectiva de la simplificación administrativa, es decir unificando los procedimientos de intervención ambiental y suprimiendo trámites innecesarios.
El proyecto regula las competencias que en materia de medio ambiente corresponden a las diferentes administraciones públicas de Euskadi y se articulan instrumentos de coordinación, como son el Programa Marco Ambiental y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que se configura como un órgano consultivo y de participación. A través de esta ley, se diseña una nueva sistemática para favorecer la relación entre la Administración pública y la ciudadanía, con el fin de facilitar la participación de ésta en la toma de decisiones en materia ambiental, regulando el suministro de información, la participación y el acceso a la justifica en relación con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.
En este sentido, Tapia ha citado la normalización de la herramienta de tramitación ambiental 'Ingurunet' como medio para articular, entre otras, la gestión, la investigación y la toma de decisiones. Por otra parte, el proyecto de ley dedica especial atención a la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente, bajo las premisas de la simplificación y la unificación de los procedimientos administrativos previstos en la normativa sectorial, integrando requisitos, y eliminando los obstáculos jurídicos y administrativos para el desarrollo de las actividades, “pero manteniendo, siempre, los elevados estándares de calidad ambiental propios de Euskadi”.
En este sentido, Tapia ha insistido en que esa simplificación “en ningún momento, pone ”dificultades, sino que garantiza los estándares de calidad ambiental“. Además, según ha explicado la consejera, los instrumentos de mejora ambiental son también objeto de regulación en el proyecto de ley. En este sentido, ha citado los sistemas Europeos de Gestión Ambiental EMAS y de etiqueta ecológica, el análisis del ciclo de vida de productos y organizaciones, la ecoinnovación, la compra pública verde, la fiscalidad ecológica o la realización de acciones de voluntariado de interés ambiental general, todos ellos considerados como ”mecanismos diseñados para impulsar la corresponsabilidad pública privada en la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las obligaciones en esta materia“.
Asimismo, la inspección y el control de las actividades con incidencia ambiental, como garantía de la adecuación a la legalidad de las actividades sometidas a la ley, es objeto de una regulación pormenorizada junto con las previsiones para la restauración de dicha legalidad y la exigencia de responsabilidad por daños ambientales, incluyendo la aplicación de sanciones como consecuencia de la realización de las infracciones que se tipifican en la norma dentro de su régimen disciplinario.
La consejera ha señalado que, en términos generales, se trata de un proyecto que mejora sustancialmente la normativa en vigor, porque “avanza en el control de las actividades con posible impacto en el medio” e incorpora instrumentos que “van más allá” con la normalización de la herramienta 'Ingurunet', “largamente demandada” por el sector privado, la figura de las entidades de colaboración ambiental, el impulso del voluntariado ambiental, “la hoy más que nunca necesaria Compra pública Verde, y el futuro a través de figuras como la Ecoinnovación y la fiscalidad ambiental”.
Por último, la consejera ha destacado que la tramitación parlamentaria permitirá debatir y recabar aportaciones que enriquezcan el documento aprobado este martes en Consejo de Gobierno que, y según la consejera “ofrece una base legislativa que es un buen punto de partida”. En este sentido, a partir de ahora, los grupos parlamentarios podrán realizar aportaciones al documento, para configurar un texto final con “el mayor consenso posible”.