El nuevo gobierno regional se reunirá con la Confederación del Guadiana para tratar, además de la contaminación y sobreexplotación del acuífero Tierra de Barros, otras cuestiones que fuentes del PSOE no han querido desvelar.
Según contaba ayer eldiarioex, esa masa de aguas subterráneas va a ser declarada en situación de riesgo, lo que conlleva que los 5.000 usuarios con captaciones autorizadas tendrán que poner contadores, que cuestan entre 300 y 1.000 euros según la anchura de la tubería de captación; además ya no se darán más permisos de extracción, y los actuales pueden quedar limitados.
Desde la secretaría regional de agricultura del Partido Socialista esperan que se busque una solución pactada que “no ponga en peligro el equilibrio de los usos agrarios y económicos del agua, ya que los agricultores han sido hasta ahora responsables, y los que cumplen bien no deben pagar las consecuencias”.
Las organizaciones profesionales agrarias se quejan de que no sabían nada. Desde COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) su secretario regional Juan Moreno reprocha no haber sido informados. “La Confederación en su funcionamiento deja mucho que desear, no es transparente ni su forma de trabajar está acorde con los tiempos, no está en contacto con los principales usuarios que son los agricultores”.
Ayudas a los contadores
Los costos que esta declaración de riesgo traerían no son pequeños en su opinión. “Conozco parcelas que tienen hasta diez pozos, por lo que a trescientos euros mínimo por contador estamos hablando de un gasto importante, así que habría que buscar alguna línea de ayudas, y además vamos a aumentar la burocracia porque a la comunidad de regantes existente ahora se sumaría una comunidad más, de usuarios”.
De todas maneras “los datos no son alarmantes, a diferencia de lo que pasó en otras regiones”.
También Ignacio Huertas, de Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se queja de que hay “muy poca información de estas cosas”, y habrá que aclarar “de dónde proceden esos vertidos de nitratos”
Su organización va a pedir una reunión urgente con el presidente de la Confederación para que “nos informe de este expediente y se busquen soluciones negociadas que no sean a costa de los agricultores; Extremadura, y en este caso Badajoz, nada tiene que ver con los casos ocurridos en otras comunidades”.