El sindicato USO ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz en el que pide que se determine si existen “responsabilidades penales” en relación con el suceso ocurrido el pasado 4 de junio en Las 800.
Un niño y diversos efectivos resultaron heridos después de que el menor recibiera descargas eléctricas del cableado de un transformador de alta tensión.
El sindicato ha advertido de la ausencia de protocolos de intervención tanto en la Policía Local como en el servicio de Bomberos municipal.
En el escrito de USO, al que ha tenido acceso Efe, afirma que ya en 2014 expresó su “preocupación” por la falta de coordinación y desconocimiento de los protocolos de actuación tras una intervención de emergencia llevada a cabo de forma conjunta por ambos cuerpos municipales.
Un problema que radicaba, según expone, “en la falta de diligencia y responsabilidad de los máximos responsables de estos servicios, que son los dos concejales delegados”.
Según el sindicato, hoy no existen los protocolos de intervención a cuya existencia hace referencia el Reglamento Interno de Bomberos.
En este sentido, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz manifestaba, tras una visita al parque de bomberos en 2012, que se debían instaurar una serie de medidas correctoras en este ámbito, recuerda el sindicato.
De igual forma, USO afirma en el escrito que estos protocolos de intervención tampoco existen en el servicio de Policía Local. Además, el escrito precisa que el reglamento interno de este cuerpo recoge “la existencia de un cauce propio desde el que se podría haber instruido de forma eficiente a los propios policías en este tipo de intervenciones con riesgos eléctricos”.
Causas de las lesiones
El sindicato pide que además de las oportunas averiguaciones tendentes a descubrir y motivar las causas que podrían haber ocasionado las lesiones al menor en este suceso, se investiguen también las causas de las lesiones a los trabajadores de Policía Local y Bomberos.
USO solicita al juzgado que estudie si de los datos aportados podría derivarse algún tipo de “responsabilidades penales”, en el ejercicio de sus determinados cargos y competencias, para los concejales de Personal, Bomberos y Policía Local, Beatriz Villalba, Francisco Javier Gutiérrez y María José Solana, respectivamente, así como para los responsables de Policía Local y Bomberos, entre otros.