Si hay algo que ha definido los cuatro años de Gobierno del Partido Popular en Extremadura han sido la falta de proyecto agrario y los recortes en políticas fundamentales para el sector.
En este sentido, hemos visto que durante este tiempo el Gobierno extremeño ha recortado indiscriminadamente los presupuestos de líneas como los seguros agrarios, la sanidad animal y vegetal o la calidad y seguridad agroalimentaria; situándolos en mínimos históricos.
Y estos recortes se han traducido a su vez en unos mayores costes de producción, una mayor precariedad laboral y la ausencia de respuestas ante los problemas de los agricultores y ganaderos; agravándolos y causando mayores pérdidas en sus explotaciones.
Esto se pone de manifiesto con la ineficacia del Gobierno regional para resolver problemas como el de la mosca del olivo, una plaga en uno de los cultivos más relevantes de la región que ha tenido como consecuencia una importante reducción de la producción de aceite virgen extra (y que además ha supuesto graves pérdidas económicas para los olivareros afectados).
También hemos visto como la falta de recursos ha incidido de manera negativa en las actuaciones en materia de sanidad animal, con un aumento de los índices de tuberculosis bovina por la falta de medidas o la inacción de la Administración ante el problema de la lengua azul.
El aumento de los costes de producción, la disminución de las ayudas públicas y la caída de los precios que perciben los productores ha provocado asimismo una bajada de la renta agraria del 7’1%, lo que nos sitúa en niveles de hace siete años. Este retroceso demuestra que, pese a los anuncios del Gobierno extremeño calificando de estratégico un sector como es el agroalimentario, el Ejecutivo regional ha ignorado en estos cuatro años los problemas reales de los agricultores y ganaderos.
Así, la negociación con la que se ha cerrado la aplicación de la Política Agraria Común en Extremadura ha derivado en un modelo injusto, que no se adapta a las necesidades e intereses de los agricultores y ganaderos de la región. La nueva PAC genera nuevos problemas importantes de recorte de fondos para las explotaciones familiares y profesionales, que son mayoritarias en Extremadura. Y también pone en entredicho la viabilidad de cultivos estratégicos para la región, como son el tabaco, el olivar o la ganadería; por la discriminación que sufren en el reparto de los apoyos con respecto a otros sectores.
Otro de los problemas que se han agravado con la llegada de este Gobierno ha sido el de la falta de financiación que ahoga a productores y cooperativistas. La ausencia de crédito, sumada al retraso en los pagos por parte de la industria está afectando gravemente al conjunto del sector. Y así, asistimos a la difícil situación que están viviendo nuestras cooperativas, como es el caso de lo que está ocurriendo en ACOREX. Hace cuatro años ACOREX era una cooperativa con problemas, pero en la que nadie se cuestionaba su continuidad. Tras cuatro años de legislatura del Partido Popular plagada de interferencias e imposiciones de presidentes y gerentes por parte del GOBEX, ACOREX está al borde de la quiebra sin que realmente el Ejecutivo extremeño esté planteando una solución real que permita la continuidad de este proyecto agrario. Y la resolución de la complicada situación que vive la Agrupación no pasa por hacer llamamientos a su importancia como principal grupo cooperativo de la región o decir que tiene que ser solo extremeña, y después mirar para otro lado y pretender que los cooperativistas y los trabajadores sean los únicos que paguen los platos rotos.
Y para esconder toda esta nefasta gestión en materia agraria en Extremadura, el Gobierno autonómico ha aprobado en el tiempo de descuento de la legislatura, la Ley Agraria de la región; que no resuelve ninguno de los problemas a los que cada día se enfrentan los agricultores y ganaderos extremeños. Se trata de una ley electoralista que pretende arañar votos con la falsa promesa de destinar el 25% de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma al sector, y así justificar la ausencia de trabajo de la Junta en materia agrícola. Esta ley además elimina las garantías democráticas establecidas para las elecciones al campo, que son sustituidas por consultas que carecen de la más mínima transparencia, y que ponen en riesgo la legitimidad de la representatividad agraria.
Por tanto, desde UPA-UCE creemos que tras cuatro años de gobierno del Partido Popular en Extremadura no solo no se han resuelto los principales problemas del sector, sino que se han generado nuevos conflictos que amenazan con destruir lo que tanto tiempo nos costó poner en pie: un campo del siglo XXI moderno y actual, a la vanguardia en técnicas y en la profesionalización de los agricultores y ganaderos.