Comunidades como Castilla-La Mancha se enfrentan ahora a un recurso de inconstitucionalidad por reducir la jornada de los empleados públicos de 37,5 a las 35 horas semanales. En Extremadura la Junta ya prometió en campaña electoral una medida que beneficiaría a unos 15.000 empleados públicos.
Mantiene su propuesta, aunque el problema ahora es encontrar una fórmula con la que evitar el veto por parte del Gobierno central a la hora de aplicarla. De este modo el Ejecutivo regional se compromete a negociar con los sindicatos la fórmula que les dé seguridad jurídica suficiente según ha explicado la directora general de Función Pública, Carmen Vicente Rivero.
Unas declaraciones que hizo en la Comisión de Administraciones Públicas de la Asamblea donde aclaró, en respuesta a una pregunta del PP, que ya han barajado distintas opciones. El problema es que “no se puede hacer vía ley, como hizo la comunidad de Castilla La Mancha”, ya que eso ha dado lugar a un recurso de inconstitucionalidad con suspensión según dijo.
Ha explicado también que otra fórmula que se puede utilizar y que “usa de forma más sutil el Gobierno vasco”, es una modificación de su decreto en el que indirectamente y sin acuerdo con los sindicatos de esa comunidad vuelve de manera fáctica a las jornada de las 35 horas.
“Queremos más diálogo”
Las organizaciones sindicales reclaman más diálogo a la Junta y exigen su inmediata aplicación, al tratarse de una promesa electoral. Así lo pone de manifiesto el presidente de CSI-F Extremadura, Benito Román, que advierte que las trabas legales también existían en la campaña electoral, cuando los socialistas se comprometieron a ejecutar la reducción.
Recuerda que su sindicato recogió 7.000 firmas reclamando la recuperación de los derechos “arrebatados” a los empleados públicos, y que aún esperan respuesta por parte del Ejecutivo. Insiste también en que hay márgenes y fórmulas para llevar a cabo la medida, para lo que pide al gobierno de Vara que se siente a dialogar con los sindicatos.
Porque hay otras comunidades, como Castilla-La Mancha, que “sí se han creído la promesa de recudir de nuevo la jornada”. Como alternativa, apunta a que la fórmula del decreto puede ser una de las posibilidades.
Flexibilización para los empleados
En la Comisión de Administraciones Públicas la directora general apuntó a la flexibilización de la jornada de los y las empleadas. Y aquí tanto UGT como CCOO reclaman como fórmula transitoria --hasta que se reduzcan la jornada-- opciones como la del solapamiento de turnos. La idea es que se incorpore al turno de tarde por ejemplo el empleado que sustituye a su compañero unos minutos antes para flexibilizar la salida (15 minutos en la propuesta de CCOO, y 30 en la propuesta de UGT).
Una fórmula que según advierten ya aplican algunos empleados por su cuenta y riesgo pero sin ser compensados, porque hay servicios como la asistencia a personas mayores en los que el trabajador tiene que saber antes de incorporarse si ha habido algún incidente para atender bien al usuario.
Apunta aquí la secretaria regional de FSP-UGT, María Ángeles Rodríguez, que no van a firmar nada que no afecte al conjunto de los empleados públicos, ya que en ocasiones medidas como esta no beneficia al personal que trabaja a turnos todos los días de la semana (beneficiándose en contra solo al funcionario que acude a su puesto de lunes a viernes).
También que las medidas de flexibilidad de las que habla la Junta tienen que aplicarse sobre la jornada de las 35 horas, y no sobre las 37,5.
Una opción que comparte el representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Extremadura, Guillermo Barroso, que apunta que la flexibilización puede llegar vía decreto. No obstante reclama diálogo para alcanzar las 35 horas porque a su juicio hay margen para lograrlo, y lo que es necesario es sentarse a hablar.
Por otra parte, al secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Ascensión Murillo, ha recordado que “hay un acuerdo de fecha 18 de mayo y se está trabajando en un documento para que por escrito” la Junta garantice la financiación a la Universidad de Extremadura que va a necesitar a finales de año si la institución universitaria abona el 75 por ciento pendiente de la paga extraordinaria de sus empleados públicos suspendida en 2012.
En respuesta a una pregunta del PP sobre este asunto, Murillo ha recordado que la Junta no paga las nóminas de los trabajadores de la universidad, ya que esto corresponde a la propia institución en virtud de su autonomía. Lo que sí hace el Gobierno extremeño, ha recordado, es garantizar que la UEX cuente con la financiación suficiente para cubrir todas sus necesidades.