La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz ha abierto actas de infracción a Ambulancias Tenorio por horas de presencia o extraordinarias no retribuidas, por contratos fraudulentos y por eludir parte de la cotización correspondiente a la Seguridad Social. El sindicato CSIF explica que se ha dejado de abonar unos 2,5 millones de euros en 2018.
Estas actas se emiten tras las denuncias presentadas por CSIF, sindicato mayoritario en la empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario terrestre.
Del montante global de perjuicio económico, 1,4 millones corresponden a horas de presencia o extraordinarias no abonadas a los trabajadores, 335.000 euros a la contratación fraudulenta de 73 personas bajo la modalidad de contrato de trabajo en prácticas y 700.000 euros que ha dejado de abonar a la Seguridad Social.
Así lo han explicado en rueda de prensa la presidenta del sector de Empresa Privada de CSIF, Amparo Galán, y el responsable de éste en el Grupo Tenorio, Máximo Blanco.
Infracciones sólo de 2018
Estos incumplimientos en materia laboral y en materia de Seguridad Social se refieren solo al ejercicio de 2018, sin contabilizar los dos últimos meses de 2017 y lo que llevamos de año 2019.
Según han explicado los representantes sindicales, Ambulancias Tenorio puede recurrir estas actas de infracción, para lo que debe depositar los 700.000 euros que adeudaría a las arcas del Estado, mientras que los trabajadores tienen que acudir a la jurisdicción social para reclamar las cantidades que han dejado de percibir.
Como resultado de la actuación inspectora se pone de manifiesto que la empresa durante 2018 ha mantenido una “situación de general incumplimiento” de las normas sobre vacaciones, ritmos de trabajo y descansos establecidos en el convenio colectivo de aplicación, que constituyen “una infracción laboral grave”.
Así, ha resultado acreditado que 16 trabajadores, que han prestado servicios los doce meses del año, ni siquiera han sido incluidos en los calendarios de vacaciones y que los periodos de vacaciones señalados en los calendarios de vacaciones no son ciertos al menos en el 30 % de la plantilla (más de 300 trabajadores), informa la Agencia Efe.
Contratos en prácticas
En el segundo punto de la resolución se establece que de los más de 200 contratos en prácticas que hay en la empresa, se estima que en 73 casos esta modalidad contractual ha sido fraudulenta por no adecuarse al nivel de estudios o de formación cursados, por prescindir de la experiencia profesional o por superar la duración máxima permitida.
El objetivo esencial de la empresa era abonar a los trabajadores como contraprestación de su trabajo un salario, en todos los conceptos empleados para su determinación, “notoriamente inferior al que tenían derecho a percibir y que de hecho percibe un conductor ordinario”.
Por ello se extiende un acta de infracción laboral con estimación de perjuicio económico a los trabajadores que se ha determinado en más de 335.000 euros. Además se han detectado 459 casos en los que, en opinión de la Inspección de Trabajo, los trabajadores han percibido “un salario inferior al debido por insuficiente retribución de las horas de presencia realizadas”.
Horas extras no declaradas
El organismo ha comprobado, igualmente, que se realizan horas extraordinarias que no son declaradas como tales, que no se abona el incremento obligado del 50 % de su precio impuesto por el convenio colectivo y que no se efectúa la obligada cotización adicional a la Seguridad Social por su retribución.
Estos incumplimientos afectan a 105 trabajadores que prestan servicios de transporte sanitario no urgente, es decir, servicios programados.
Como consecuencia de la conclusión de estas actuaciones se practica acta de infracción laboral por las cantidades que han dejado de percibir 505 trabajadores por horas de presencia o por horas extraordinarias no retribuidas, estimándose el perjuicio sufrido por éstos en más de 1,4 millones de euros en el año 2018.
También acta de infracción en materia de Seguridad Social por las cuotas no ingresadas relativas a las cantidades que tenían derecho a percibir los trabajadores por horas de presencia y extraordinarias; y acta de infracción laboral por superar los límites establecidos en el Estatuto de los Trabajadores respecto a las horas extraordinarias.
CSIF ha exigido a la empresa que cumpla escrupulosamente el convenio colectivo del sector y las cotizaciones que le corresponden, y ha eludido pronunciarse sobre una posible rescisión del contrato, porque se trata de “una decisión política”.
“Nosotros seguiremos exigiendo el cumplimiento de la normativa laboral”, ha indicado Blanco, según el cual la situación de la empresa no ha cambiado mucho desde el año 2018.