El cierre del colegio público Juan XXIII de Mérida sigue siendo motivo de discusión política y social, pero la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ya ha advertido que la decisión “está tomada y es irrevocable”.
Gutiérrez ha comparecido este jueves en el pleno de la Asamblea para informar de este asunto a petición de Unidas por Extremadura y Ciudadanos, y ha explicado que, pese a los apoyos y el esfuerzo del equipo docente, el colegio, que se encuentra en una barriada de la periferia de la capital extremeña, sufre de problemas de matriculaciones, absentismo y promoción educativa. Por ello, la Consejería entiende que los alumnos están en una situación desfavorecida y merecen “una nueva oportunidad” en otro colegio porque ese centro con esa situación no garantiza la igualdad de oportunidades, la justicia social ni el aprendizaje.
En opinión de Gutiérrez, hay que ofrecer a los estudiantes una “oportunidad” mejor en otros centros, en un entorno más integrador y con una educación más completa, con más recursos y más estímulos para crecer como personas, “que es de lo que se trata”. De hecho, 26 de los 28 alumnos que tendría el próximo curso el Juan XXIII ya tienen una plaza garantizada en un colegio de Mérida. El 80% ha optado por otros centros públicos y el 20% por concertados, según ha explicado la consejera durante su intervención, que ha defendido el “equilibrio” entre colegios públicos y concertados que hay en Extremadura.
Competencia con la concertada
El diputado de Unidas por Extremadura Francisco Macías ha considerado que el cierre es “incomprensible” si los socialistas comparten la defensa de la educación pública, y ha criticado la política de hechos consumados sin hablar con nadie y sin entender que está decisión afecta a una barriada modesta. Macías ha recalcado que este no es primer el primer caso en esta legislatura y ha dicho que posiblemente el próximo se dé en Plasencia si no se reúne la red de centros de Extremadura para hacer una correcta planificación.
El diputado de la formación de izquierdas también ha criticado la “competencia” que hay en la zona por parte de la enseñanza concertada, que sin embargo no sufre problemas con las matriculaciones, lo que ha llevado a la consejera a acusar a Macías de hacer una “causa ideológica” para sacar rédito político, ya que ha asegurado que la “incompatibilidad” entre la educación pública y concertada es “falsa”.
Macías ha pedido a la consejera que se comprometa a estudiar propuestas para que el centro siga abierto y ha advertido a la consejera de que “van a tener mucho dolor de cabeza de aquí a final de curso” por el cierre y por las propuestas que se están haciendo.
El diputado de Cs Fernando Rodríguez ha subrayado que cerrar un colegio en un zona deprimida es un error porque crea “desafección” con el barrio. A su juicio, hay que buscar formulas para revitalizar las zonas vulnerables, como ha ocurrido en Cáceres con el instituto García-Téllez, y ha planteado por qué no trasladar la filosofía de los centros rurales agrupados (CRA), que algunos funcionan con menos de cinco alumnos.
La diputada del PP Pilar Pérez ha denunciado que los de las “camisetas verdes” -que simbolizan la defensa de la enseñanza pública- cierren el colegio a pesar de la unanimidad de las críticas y también ha pronosticado que no será el último. Pérez ha apostado por aprovechar el descenso demográfico para bajar la ratio y mantener abierta la escuela rural y centros como este de Mérida, y ha pedido que se reconsidere también la reubicación en el Juan XXIII del centro de educación de adultos después de las inversiones que se han hecho en estas instalaciones.