Ha faltado tiempo para que los empleados que quedaban en el grupo Acorex, 74, aceptaran el segundo y último ERE que plantea la empresa antes de que todo se venga abajo y este formidable embrollo en que ha terminado la compañía cooperativa acabe en manos de la administración concursal judicial.
Aunque todos quieren salir antes de que sea demasiado tarde, y de que la intervención judicial los ponga en la calle en peores condiciones, o abocados al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) cinco tendrán que quedarse a fin de preparar los papeles para el concurso de acreedores que se presentará probablemente en septiembre a juicio de María José Ladera, de Fita-UGT.
A partir del 12 de septiembre se sabrá, nombre a nombre, quiénes son los 64 que van a la calle, y los 6 que tendrán que aguantar el final del proceso “en contra de su voluntad” según Ladera, y a los que se les garantiza en el expediente de regulación de empleo que si se prescinde de ellos en los próximos 12 meses podrían salir en las mismas condiciones.
Condiciones que son 27 días por año trabajado y 16 mensualidades máximo, con el 25% del dinero al recibir la carta de despido y el 75% restantes en un plazo de seis meses. ¿Pero Acorex tiene dinero para pagar las indemnizaciones? “Esa es la pregunta del millón”, admite la sindicalista María José Ladera.
Por si acaso, los trabajadores prefieren entrar en el ERE, coger al menos ese 25% en mano, y esperar a que llegue el resto vía empresa, o en el peor de los casos por medio del Fogasa que garantiza indemnizaciones mínimas, las previstas por despido objetivo en la actual reforma laboral y que son de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.
Al ser un ERE con despido de más de 50 trabajadores, la ley obliga a Acorex a pagar a los mayores de 55 años –dos personas según UGT- la cotización a la Seguridad Social hasta que alcancen la edad mínima para jubilarse y que depende de los años cotizados.
María José Ladera lamenta que los trabajadores tengan que “pagar el pato” de las “malas gestiones, de las injerencias políticas y de que en algún momento haya habido interferencias de voluntades entre los socios cooperativistas”. “Si a mitad del año pasado se hubiera ido por otro cauce, ahora no estaríamos hablando de esto”. Los problemas económicos de la agrupación habrían sido “solventables” sin la marcha de las tres cooperativas que tenían el 75 por ciento de la facturación del grupo. “Sin facturación, sin liquidez, el futuro de Acorex se veía cual iba a ser”.
La Junta respeta
El Gobierno regional contempla asombrado el hundimiento del antaño gran grupo cooperativo, sin saber qué fue del plan de viabilidad que se aprobó, ni haber tenido respuesta a la oferta de compensar deuda –Acorex debe 17 millones a la sociedad pública Avante- por activos, por propiedades.
Todo indica que los actuales gestores del grupo, dependientes de la Navarra AN, prefieren no complicarse la vida y que sea los administradores y liquidadores judiciales los que vendan fábricas, instalaciones y otros activos.
La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha mostrado este martes su “respeto absoluto” al acuerdo alcanzado entre dirección y sindicatos sobre el segundo ERE. La posición de la Junta de Extremadura es “sencilla”, la misma que tenía cuando el PSOE estaba en la oposición: no injerencia y “respeto absoluto” al acuerdo alcanzado entre dirección y trabajadores, pero ahora con la “preocupación” propia de un gobierno.
Ha instado a esperar las explicaciones que de la empresa sobre la situación real y el futuro del grupo cooperativo para pronunciarse. En relación a los fondos que la administración regional aportó al grupo cooperativo, la Junta de Extremadura “velará” por sus intereses y ha añadido que aunque no siempre son públicos el Gobierno trabaja desde el mismo momento que llegó en atender las peticiones de las muchas empresas afectadas por la crisis, no solo Acorex.