El alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso ha celebrado que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, le haya transmitido el martes según él, que estudiará si Badajoz cumple las condiciones económicas para seguir manteniéndose como zona de gran afluencia turística.
Recoge por tanto la mano tendida de Guillermo Fernández Vara para que se exploren las vías que permitan a Badajoz continuar con el actual número de aperturas comerciales en festivos.
Mientras tanto el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al inicio de expediente autonómico que pretende revisar la figura de Zona de Gran Afluencia Turística en la capital pacense, una decisión que, sin embargo, cree que ya está tomada “a priori”, en el sentido de eliminarla.
Fragoso ha explicado que las alegaciones se basan en el mantenimiento de los requisitos que permitieron a la ciudad ser zona de gran afluencia turística y, por tanto, disponer de 16 festivos de apertura comercial al año.
Para el alcalde, Badajoz “sigue siendo una ciudad fronteriza, así como una zona de concentración de turistas”, y por este motivo “nada ha cambiado que justifique el que se reduzcan a 10 los festivos de apertura”.
En su opinión, la decisión de la Junta iría “contra la ley estatal y la autonómica de comercio”.
No le gusta que firme un político
También ha criticado que haya sido el director general extremeño de Turismo, Francisco Martín, y no un técnico, quien haya firmado el expediente donde se aluden los motivos que llevarían a suprimir la figura de zona de gran afluencia turística en Badajoz.
En su opinión, este procedimiento está “viciado”, pues la decisión parece estar tomada “a priori”, tras las decisiones tanto de la Asamblea de Extremadura como del Consejo Regional de Comercio.
Sin embargo, aunque el Consejo de Comercio sí ha aprobado volver a los 10 días, la Asamblea se ha limitado a crear un mecanismo, que no existía, para replantear cuando haga falta esa declaración de afluencia; en caso contrario la declaración sería a perpetuidad.
El alcalde de Badajoz ha avisado que seguirá con su “hoja de ruta” si se rechazan las alegaciones, por lo que posteriormente presentará un recurso de reposición administrativo si eso se produjera, y el Ayuntamiento llegaría al contencioso judicial en el que se pediría una suspensión cautelar de la medida.