El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha hecho este anuncio en su comparecencia este miércoles en la comisión correspondiente de la Asamblea para exponer las líneas generales de su departamento.
Vergeles ha abogado por recuperar la calidad de los servicios públicos esenciales con medidas como la reapertura de las urgencias rurales y la devolución de oficio del exceso de copago a los pensionistas, así como la lucha contra las listas de espera.
ha asegurado que desde la consejería se pretende “blindar” la sanidad para que no se tenga la “tentación” de privatizarla y se impedirá la construcción y explotación de hospitales con “fórmulas de colaboración público-privadas”, así como que las unidades de gestión clínica lleven a un cambio del régimen jurídico de los servicios y laboral de los profesionales.
Asimismo, ha manifestado la necesidad del nuevo hospital de Cáceres y de establecer un mapa derivaciones para los hospitales extremeños, así como de una renovación tecnológica y mejora de la red de centros y servicios sanitarios.
Para Vergeles, en su consejería se desarrollan las políticas “más pegadas a las personas” y en la que la lucha por la desigualdad y en pro de la justicia social “toma forma”, por lo que ha abogado por poner en marcha políticas para dar respuesta a las necesidades urgentes de la población en riesgo de exclusión social.
Así, las líneas maestras serán recuperar la universalidad de la atención sanitaria, una reforma de la renta básica de inserción con una convocatoria única y agilizando el procedimiento, dar respuesta a las contingencias sociales urgentes de las personas, asegurar unos mínimos vitales y dar un acceso más ágil a la vivienda.
En este contexto, ha anunciado una ley de emergencia social de la vivienda para luchar contra los desahucios, “no sólo los sociales sino también los de los bancos”.
Vivienda pública
Vergeles ha apostado por las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la modificación del Plan de Vivienda actual, mientras se trabaja en el nuevo para 2017-2020, por lo que se “huirá” del sorteo para su adjudicación y se acudirá a unos criterios en la convocatoria.
Asimismo, se realizará un estudio sobre las viviendas vacías públicas y privadas y sobre sus condiciones para habitarlas, y se trabajará en las ayudas al alquiler de la vivienda cuando la persona sea víctima de una ejecución hipotecaria y sea candidata a una vivienda de protección pública pero de momento no se le haya dado respuesta.
Sobre dependencia, ha apuntado que se incorporará a las personas con grado 1 y se mejorarán los sistemas de información del SEPAD, haciéndolos “interoperables”, así como aumentar los dispositivos de atención a las personas con dependencia “preferentemente los de titularidad pública”.
Además, ha señalado que se modificará el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) y se contará con un plan interdisciplinar de Atención a la Infancia y la Adolescencia y una nueva normativa sobre la definición de las familias numerosas.
Uno de los proyectos clave será el desarrollo del sistema público de los servicios sociales, que, a su juicio, supondrá una “revolución” de estos servicios, basados en “la universalidad, la equidad y la justicia social y no en la caridad”.
La promoción de la autonomía personal, potenciar programas del envejecimiento activo, incorporar a la atención primaria la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la atención e integración de las personas con discapacidad, el reconocimiento precoz de los problemas de salud y el fomento de la accesibilidad de las viviendas para promocionar más autonomía a las personas, son otros de sus objetivos.