El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha anunciado hoy que la Junta buscará los resquicios que permita la legislación para prestar la sanidad universal que necesita la población, aunque no ha avanzado las medidas, que aún se están estudiando.
En una rueda de prensa en Mérida, el consejero ha respondido así al hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no reconozca el derecho a que la sanidad pública extremeña pueda ofertar un acceso universal de esta asistencia a todas las personas, incluidos los extranjeros en situación administrativa irregular.
Así se lo notificó ayer el TC al Gobierno extremeño, que dijo en una nota que acataba la sentencia, aunque no la compartía.
Según ha dicho hoy Vergeles, el Tribunal Constitucional “tumba la atención sanitaria universal, contenida en uno de los capítulos de la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social” de Extremadura.
El consejero ha asegurado que la Junta acatará la sentencia, aunque no entiende “por qué el Gobierno de España está recurriendo todas las normas mediante las cuales, los Gobiernos socialistas, están intentando extender la sanidad a lo que ha sido siempre”.
Acuerdos
Asimismo, ha afirmado que la Administración regional intentará establecer convenios con determinadas asociaciones de inmigrantes “que permitan, en un entorno de máxima seguridad jurídica, prestar atención sanitaria”.
Con esta suspensión del apartado de la Ley, el Gobierno estatal niega “un derecho universal” a una parte importante de la población que, no sólo va en beneficio de la salud personal sino que también beneficia a la salud colectiva“.
En este sentido, ha explicado que, con la falta de atención a determinadas personas en situación irregular, se perjudica la salud del individuo, que necesita atención sanitaria, y la salud colectiva de la sociedad, porque “aparecerían enfermedades transmisibles sin diagnosticar”.
La universalidad de la atención sanitaria “se va al traste” cuando se publica el Real Decreto Ley 16 2012 y, a partir de ese momento, el sistema sanitario de toda España “deja de ser un sistema basado en los impuestos a ser un sistema basado en la contribución como beneficiarios de la seguridad social”, ha apuntado.