El número de puestos de teletrabajo que la Junta ofertará en la nueva convocatoria, que se hará público probablemente en noviembre, será “muy similar” al de la anterior, 400 puestos, para los que hubo 200 peticiones de las que fueron aceptadas 87, según SGTEX, que coincide con el resto de sindicatos y la administración autonómica en la previsión de un incremento de las solicitudes.
Esta semana se ha celebrado la reunión de la Comisión de seguimiento de la modalidad de teletrabajo en la Junta de Extremadura, que ha estado presidida por la directora general de Función Pública.
Ésta ha explicado a las organizaciones sindicales que los puestos ofertados por cada Consejería, según las bases publicadas por resolución de 19 de abril de 2018, “se harán públicos probablemente durante el mes de noviembre, una vez se conozcan los decretos de estructura de las nuevas Consejerías”.
También les ha comunicado que “su número será muy similar a las ofertadas en la anterior convocatoria”, esto es 400 puestos. En ella, de “aproximadamente 200 peticiones únicamente fueron aceptadas 87”.
Asimismo, cada uno de los representantes de las distintas Consejerías han informado sobre los resultados y la valoración de la primera convocatoria, “en la mayoría de los casos muy favorables” considerando “la experiencia positiva tanto por parte de los servicios como de los trabajadores participantes”.
Por su parte, el Sindicato de Empleados Públicos SGTEX ha transmitido a la presidencia de la comisión las sugerencias de mejora que ha recogido directamente de los trabajadores, algunos de los cuales ya tenían experiencia de la anterior convocatoria, y las ha puesto por escrito a disposición de la comisión.
Entre otras, destaca la petición de que la Dirección General de Función Pública mantenga reuniones con los distintos jefes de servicio de las unidades administrativas susceptibles de ofertar plazas en régimen de teletrabajo.
Reuniones en las que se deje bien claro que la Administración de la Junta “apuesta claramente por esta modalidad, cada día más factible y a la que cada vez más empresas del ámbito privado y administraciones públicas se están acogiendo”.
Familia y trabajo
Todo ello con el fin “de optimizar recursos humanos y cumplir los objetivos de una forma más sistemática” facilitando, sobre todo, la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores.
SGTEX también ha pedido que se aclaren y se dejen más acotados los motivos por los que se puede emitir un informe desfavorable hacia un trabajador solicitante, que es “la queja más común” por parte de los empleados públicos a los que ha pedido opinión en distintos centros de trabajo.
En su opinión, en determinadas circunstancias, dichos informes “adolecían de cierta arbitrariedad y falta de motivación suficiente a la hora de denegar la posibilidad de acceder a esta modalidad”.
Otra propuestas elevada por SGTEX a la Comisión, de cara a ser incluida en las bases de futuras convocatorias, pasan por revisar todos los años el tiempo de prestación de esta modalidad, incluyendo la posibilidad de prórroga automática mientras el trabajador continúe cumpliendo los requisitos exigidos.
Igualmente, ha pedido que se otorgue mayor puntuación al hecho de tener que desplazarse al puesto de trabajo desde la localidad de origen del trabajador, ya que supone “un riesgo cierto, implica mayor tiempo fuera de casa y disminuye las posibilidades de conciliación”.
Cambiar el baremo, que estuvo presente en la experiencia piloto, y que valoraba el hecho de estar cursando estudios oficiales, es otra de sus solicitudes.
Esto supone, en la práctica, flexibilidad para la asistencia a las clases, cuadrar horarios del transporte público y, en definitiva, para conciliar distintas facetas.
En este sentido, ha indicado que hay trabajadores que no teniendo hijos o familiares con minusvalía, sí que tienen otras muchas responsabilidades, ya sean los mencionados estudios, padres u otros familiares a cargo, que aunque no estén enfermos hay que atender, e incluso problemas de salud que necesitan de un tiempo diario que “no se encuentra reflejado en las bases que regirán este proceso”.