41 familias de extremeños muertos en Euskadi por la represión franquista dan ADN para identificarlos

Beatriz Artolazábal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, ha encabezado en Castuera, Badajoz, la delegación del Gobierno Vasco desplazada este fin de semana a Extremadura para presentar ante los medios de comunicación, asociaciones de memoria histórica y familiares de presos fallecidos en la prisión de Orduña (de la Guerra Civil y primera postguerra) los trabajos de exhumación realizados en el cementerio del municipio vizcaíno y tratar así de localizar a posibles familiares, ocho décadas después.

“Quienes dieron su vida, quienes cayeron en el frente, quienes fueron tiroteados en una cuneta, quienes padecieron los rigores de la cárcel y de los campos de concentración, hasta encontrar muchas veces la muerte, quienes fueron objeto de todo tipo de represión, hoy nos interpelan. Tienen derecho, y vosotros, sus familiares, tenéis derecho”, ha señalado Artolazábal.

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco ha iniciado el proceso para la recogida de ADN de familiares de presos extremeños fallecidos en la prisión de Orduña (Vizcaya) entre 1937 y 1941.

De momento son 71 los restos humanos localizados hasta la fecha en las dos primeras exhumaciones llevadas a cabo, la primera en junio de 2014 y la segunda en diciembre de 2022. No obstante, por la documentación existente se conoce que de los 225 prisioneros fallecidos en la prisión de Orduña, la mayoría, un total de 127, eran extremeños, por lo que se prevé que en próximas exhumaciones se recuperen más restos óseos.

Esta es una relación de fallecidos y su procedencia:

Los 127 extremeños fallecidos fueron trasladados desde el campo de concentración de Castuera, por lo que ya se ha realizado un llamamiento a familiares de la zona para ampliar la toma de muestras genéticas. De momento, 41 familiares ya se han puesto en contacto con el instituto vasco para gestionar la toma de muestras de ADN.

El tiempo transcurrido desde su muerte, la calidad del ADN que se pueda extraer de los restos óseos y el grado de parentesco del familiar al que se extrae el ADN determinan en gran medida que se pueda llegar a la identificación genética..

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Castuera, nace con el objetivo de tratar de identificar los 71 restos localizados hasta el momento.

Artolazábal, acompañada por el director general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de Extremadura, Francisco Pérez, y el alcalde, Francisco Martos, visitaban este sábado el lugar donde se ubicaba el campo de concentración de Castuera, donde Antonio López y Guillermo León, integrantes de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), han dado una visión histórica.

Asimismo, ha mantenido un encuentro con Naiara Garmendia, bisnieta de Bernardo Rodríguez Rincón, labrador de Campanario y fallecido en la cárcel de Orduña, y con familiares de otras víctimas que han querido conocer de primera mano esta iniciativa y a las que se les ha explicado la importancia de obtener muestras genéticas.

La mitad de los casi 4.000 presos registrados en la prisión de Orduña procedían de Extremadura, de los que 127 fallecieron en el penal.

“Quienes dieron su vida, quienes cayeron en el frente, quienes fueron tiroteados en una cuneta, quienes padecieron los rigores de la cárcel y de los campos de concentración, hasta encontrar muchas veces la muerte, quienes fueron objeto de todo tipo de represión, hoy nos interpelan. Tienen derecho, y vosotros, sus familiares, tenéis derecho”, ha afirmado Artolazabal.

Las familias tienen “derecho” a que los restos de sus seres queridos “sean localizados, exhumados e identificados; derecho a honrarles, a llorarles, a depositar una flor en su tumba”.

“No les devolveremos la vida, pero sí su derecho a descansar en paz entre los suyos, su derecho a la dignidad, dignidad que pretendieron arrebatarles pero que nunca perdieron”, ha proseguido la consejera, quien ha remarcado su compromiso de “localizar, exhumar e identificar” a quienes han sido enterrados en fosas o cunetas.

Las más de 2.000 personas extremeñas que fueron desplazadas a la prisión de Oruña fueron aisladas y castigadas “doblemente, a ellos y a sus familias. Al castigo de una brutal represión se unió la crueldad del desarraigo. Algunos de ellos nunca volvieron, pues murieron por las inhumanas condiciones que en Orduña hubieron de soportar: frío, hambre, hacinamiento y enfermedad”, ha lamentado Artolazabal.

La delegación vasca se ha desplazado a Castuera para hacer desde allí un llamamiento a familiares de personas presas fallecidas en la prisión de Orduña para que se pongan en contacto y se informen sobre el proceso de identificación. Lo pueden hacer llamando o escribiendo a944 032 845 / gogora@euskadi.eus.