Piden la retirada de una placa franquista del palacio de Cáceres donde el dictador fue proclamado jefe del Estado

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx) ha solicitado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que retire la placa franquista de la fachada principal del Palacio de los Golfines de Arriba, en la ciudad monumental de Cáceres, que “exalta la proclamación del dictador Francisco Franco como Generalísimo”.

Hacen referencia al hecho de que se trata de un símbolo que contiene elementos “que impiden reconocerle un valor neutral”. Por el contrario, su presencia en un espacio con proyección a la vía pública, como es la fachada del Palacio de Los Golfines de Arriba, “permite apreciar un acto de exaltación”. Además, el hecho de estar estar ubicado en el casco antiguo, “conlleva que muchos turistas que visitan el apreciado entorno lo observen con estupor”.

Esta petición se realiza al amparo del artículo 35 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, para que “se proceda a iniciar el procedimiento oportuno de cara a ordenar la retirada de la placa franquista”, expresan desde ARMHEx.

El colectivo manifiesta que “como es conocido, en ese edificio, propiedad de la familia López-Montenegro, el dictador estableció su cuartel general el 26 de agosto de 1936 y se mantuvo allí durante 38 días”. El Ayuntamiento de Cáceres aprobó la colocación de esta placa, según consta en las actas del 18 de agosto de 1937 de la corporación nombrada por las autoridades golpistas, en pleno conflicto por la Guerra Civil española.

En cuanto al artículo citado de la ley engloba como “símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática” aquellos que estén ubicados en edificios de carácter privado, pero con proyección a un espacio público, como sería el caso de la placa denunciada y que aún están por retirar.

También citan la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que en su articulo 25. 1º realiza un “mandato imperativo de actuación directa y positiva dirigida tanto a las Administraciones Públicas, como a los sujetos privados”.

En suma, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos “deberán retirarlos o eliminarlos, y tienen una obligación real, pues el texto legal no deja lugar a dudas en su redacción de claro mandato imperativo”, insisten desde el colectivo.

Añaden también que “nadie está al margen o por encima de la ley y, desde luego, no les corresponde a los propietarios en este caso, ponderar su cumplimiento, sino cumplirla lisa y llanamente”. De tal manera que, “si una norma en vigor desde hace casi dos años, impone retirar determinados símbolos, ha de llevarse a cabo tal mandato”, concluyen desde la ARMHEx.