El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han acordado hoy, pese a la discrepancia de las socialistas, que las pruebas de las oposiciones para docentes sean eliminatorias para seguir los principios de capacidad, mérito, igualdad de oportunidades, calidad del sistema y seguridad jurídica.
Lo ha anunciado el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, tras celebrarse la Conferencia Sectorial, que ha sido presidida por el ministro Íñigo Méndez de Vigo, quien también ha ejercido como consejero de Educación catalán, de acuerdo con la aplicación del artículo 155.
No obstante, el ministro no ha estimado oportuno intervenir en nombre de Cataluña y se ha limitado a moderar el debate y escuchar a todos los consejeros, según ha explicado Marín.
El real decreto que aprueba el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes saldrá adelante a mediados de febrero, y los temarios para estas oposiciones no se cambiarán hasta 2020.
Marín ha defendido que los nuevos egresados o licenciados deben tener opciones de optar a una plaza docente al igual que el resto de los opositores.
Por ello, la prueba de conocimientos, que consta de dos partes (prueba práctica y desarrollo de un tema), será eliminatoria; es decir, se valorará de 0 a 10 puntos y para su superación se debe alcanzar un mínimo de 5 tras sumar las dos puntuaciones.
También habrá una prueba de aptitud pedagógica, que de igual forma el aspirante superará con una puntuación igual o superior a 5 puntos.
Además, se ha fijado que la ponderación de la fase de oposición sea del 60 % y del 40 % la del concurso, porcentajes que antes de las distintas reuniones que ha mantenido el Ministerio con sindicatos y comunidades eran del 66,6 % y del 33,3 %, respectivamente.
Respecto a los temas, que extraerá al azar el tribunal, los opositores podrán elegir entre 3 temas y no 2 en especialidades no superiores a 25; 4 en vez de 3 cuando el número sea de entre 25 y 50; y escoger entre 5 y no 4 cuando esa cifra sea superior a 50 temas.
Con las modificaciones acordadas hoy sobre el Real Decreto 276/2007, aumenta la valoración de la experiencia docente previa, pasando de un máximo de 5 puntos a 7; y la antigüedad se valorará en un máximo de 10 años en lugar de 5.
Respecto a este último punto, los aspirantes tendrán una puntuación por cada año de experiencia de entre 0,700 y 0,350 puntos en centros públicos y de entre 0,150 y 0,100 en otros centros.
Marcial Marín ha insistido en la importancia de que las pruebas sean eliminatorias, porque, de lo contrario, “hay un enorme riesgo de que se puedan impugnar” y “se generaría un auténtico caos”.
Estas semanas, además de las comunidades autónomas socialistas, los principales sindicatos docentes pedían que las pruebas no fueran eliminatorias para que los profesores interinos tuvieran más opciones en las oposiciones con el objeto de que se reduzca la tasa de interinidad (es de más del 20 %).
La Comunidad, en contra
La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, cree que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha perdido “una gran oportunidad de mantener la paz social” al renunciar a que las pruebas de acceso a la función pública docente no eliminen.
“Nosotros consideramos que el ministerio ha perdido una gran oportunidad de tener un consenso con los agentes sociales”, ha asegurado la consejera a la entrada de la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, en Madrid.
Era el momento de mantener la paz social porque los sindicatos proponían que las pruebas de acceso a la función pública docente no fueran eliminatorias“, además teniendo en cuenta el reciente acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos para que se reduzcan las tasas de interinidad y se acerquen al 8 por ciento.
“Creemos que era beneficioso no sólo para los interinos, sino para todas aquellas personas que acceden por primera vez a la función docente”.
Ha sido según ella una reivindicación más social, “que a nosotros no nos parecía mal y creemos que era el momento de que hubiera habido un consenso y esa paz social”, teniendo en cuenta además que varios sindicatos han anunciado ya manifestaciones de rechazo a la postura del ministerio.
E empeño del ministerio en mantener las pruebas eliminatorias es “una cuestión más de voluntad política, porque en otro tiempo estas pruebas no fueron eliminatorias”. Esto sucedió entre los años 2008 y 2011, como procedimiento transitorio derivado de la implantación de la LOE, la ley anterior a la actual LOMCE.
En este sentido, la consejera ha asegurado que pedirá al ministerio el informe de la Abogacía del Estado al que hace referencia según el que se rebate la legalidad de que las pruebas de acceso a la función pública docente no eliminen.