El acuerdo suscrito entre PSOE y Junts es bastante escueto y suficientemente claro como para entender lo que se ha pactado y lo que no, por lo que cualquiera que con honradez intelectual se acerque al mismo podrá sacar sus propias conclusiones.
El documento suscrito apuesta por la negociación para alcanzar acuerdos en distintos aspectos en los que ambas organizaciones mantienen profundas discrepancias, las cuales quedan plasmadas en el propio documento; es decir, el primer acuerdo es la constatación de la existencia de profundos desacuerdos que ambas partes se comprometen a abordar desde el diálogo y la negociación.
Estas discrepancias y desconfianzas los lleva a dotarse de un mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del proceso de negociación. Este mecanismo (el tan nombrado verificador internacional) afecta exclusivamente a ambas organizaciones; no por tanto al gobierno.
Al respecto, dice el texto firmado:
“PSOE y Junts apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya”.
“PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.
En ese marco establecido, PSOE y Junts tendrán que acordar la metodología de la negociación y los contenidos sobre los que negociar en la búsqueda de acuerdos. Para que no haya dudas al respecto, el documento establece las posiciones de partida, enormemente distantes entre sí, entre las cuestiones más controvertidas: Realidad nacional y autonomía financiera. Estas diferencias de partida quedan fijadas en el texto de la siguiente forma:
“En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006”.
“Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. El PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”.
Como elemento central del acuerdo figura la Ley de Amnistía de la que el texto acordado solo dice:
“La Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos . En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
El documento firmado deja para el final el único acuerdo concreto y con fecha de materialización: La investidura de Pedro Sánchez con el voto favorable de todos los diputados de Junts.
Que el acuerdo sea de investidura o de legislatura dependerá de la marcha de las negociaciones futuras, por lo que el documento se cierra diciendo que se acuerda:
“La estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo”.
A partir de aquí, y de la lectura completa del documento, que recomiendo, cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Las mías están claras:
Los independentistas no han tenido más remedio que renunciar a la unilateralidad, como pone de manifiesto el propio texto firmado, y la postura mantenida en el Parlament catalán por ERC y Junts que han impedido la aprobación de la propuesta de la CUP. Por otro lado, mantener la tensión política generada por las (ultras) derechas dos meses más, hasta la repetición electoral, es un escenario insoportable y de imprevisibles consecuencias, que resulta necesario evitar. Ante esto la investidura de Pedro Sánchez y la formación del gobierno de coalición con Sumar abre un camino que estará plagado de dificultades y sinsabores pero que debería permitirnos dejar atrás este mal sueño y enfrentar al Partido Popular con su dura realidad que no es otra que no podrá gobernar mientras dependa de la ultraderecha y menos si no regresa a la posición que, como partido de gobierno, parecería lógico mantuviera. Veremos.