Guardiola hace otro guiño a Vox y anuncia una oficina 'antiokupas' en la recta final de los presupuestos

Los datos oficiales no avalan que la ocupación de viviendas sea un problema social. De hecho, en el segundo trimestre de 2024, han ingresado en Extremadura 14 demandas por ocupación ilegal de viviendas. Sin embargo, el PP ha anunciado por sorpresa, en plena recta final de negociación de los presupuestos del año que viene, que va a crear un punto de atención para asesoramiento a víctimas de la ocupación ilegal.

Se trata de un nuevo gesto hacia Vox, sus exsocios de gobierno en la región, puesto que se trata de uno de los puntos del pacto que el PP y la extrema derecha firmaron para sentar a María Guardiola en la Presidencia.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ha sido el encargado de anunciar la puesta en marcha “inminente” de esta oficina 'antiokupas' solo cuatro día después de que Vox llamara a filas a sus diputados autonómicos para darles instrucciones de no aprobar los presupuestos de sus comunidades donde el PP se ha quedado en minoría, como es el caso de Extremadura, si no se retomaba la agenda política e ideológica incluida en los acuerdos de gobernabilidad que estuvieron vigentes hasta el pasado verano .

Sin embargo, el mayor escollo para que Guardiola cuente con el apoyo de los cinco diputados de Vox es la exigencia de rechazar de manera “explícita” el reparto de menores migrantes, el asunto que desencadenó la disolución de todos los gobiernos de coalición formados por el PP y la extrema derecha.

El “punto de atención especializada” que ha anunciado Martín tendrá como objetivo “velar por el ”derecho a la propiedad, poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger a los afectados“ por la ocupación ilegal de un inmueble.

Negociación del PP en minoría

Esta cesión del Gobierno de María Guardiola se suma otro compromiso: dotar con 20 millones de euros el inicio de las obras del regadío de Tierra de Barros, en vía muerta después de que la Junta de Extremadura desviara las ayudas europeas de este proyecto a otras iniciativas. Vox exigió, tanto fuera como dentro del Ejecutivo, que se financiara con fondos propios, lo que Guardiola consideró “inasumible” y pidió la colaboración del Gobierno y de Bruselas.

Sin embargo, ante la necesidad de buscar apoyos para sacar adelante las cuentas de 2025, la Junta ahora sí ve posible poner 20 millones, aunque sin renunciar a la exigencia de que colaboren otras instituciones. No obstante, Vox ha considerado que se trata de un “gesto”, aunque “insuficiente”.

Los presupuestos tienen que entrar en la Asamblea a mediados de este mes para comenzar su tramitación parlamentaria, por lo que ha entrado en la recta final de la negociación que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, abrió con los grupos parlamentarios. Unidas por Extremadura solo asistió a un encuentro al comprobar que la Junta no dará marcha atrás en la rebaja fiscal aprobada el año pasado, y el PSOE, que también exigió la reversión de algunas medidas tributarias, sigue abierto a negociar, aunque ha pedido que la presidenta se siente con ellos.

Por su parte, Vox no ha presentado ni una sola medida o alternativa a Hacienda. Su único afán es vigilar porque no se incluyan ninguna de las propuestas formuladas por el PSOE y, ahora tras las órdenes recibidas por Madrid, cambiar su voto favorable por el rechazo a la acogida de menores procedentes d ela crisis migratoria de Canarias.