El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado la propuesta de ley de Podemos para modificar la norma que regula el Estatuto de los Cargos Públicos con el fin de eliminar los “privilegios” materiales y personales con los que se dota a las oficinas de los expresidentes.
Tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular han presentado enmiendas a la totalidad de la propuesta de Podemos. El PP ha apoyado la del PSOE, mientras que C's se ha abstenido, con lo que no ha habido lugar a votar la de los populares.
El diputado de Podemos Eugenio Romero ha criticado el “clasismo y elitismo” de los dos anteriores que “votan juntos para mantener sus privilegios”. El parlamentario ha aludido al gasto de “250.000 euros anuales” que supone la contratación de cinco eventuales, personas “elegidas a dedo”, que trabajan al servicio de los expresidentes, como técnicos asesores, administrativos o conductores, y cuya partida podría dedicarse a políticas sociales como la renta básica.
Los socialistas han justificado que la formación morada pide que se supriman los recursos de las citadas oficinas pero no cuestionan el objetivo principal de las mismas, que los expresidentes pongan su experiencia y conocimiento al servicio de la comunidad, con lo que no es posible eliminar los medios que hacen posible esa labor.
Han defendido que los expresidentes prestan este apoyo de forma “voluntaria”, que el gasto que ello supone es “mínimo” y creen que la iniciativa de Podemos es “electoralista”, para advertir después que mientras afirman que son “la voz del pueblo, cada vez hay menos gente que los vota”.
Por parte del Grupo Popular, han lamentado que el grupo proponente, en un acto de “demagogia”, pretenda venderse como el “adalid de la transparencia y de la austeridad” y que su único objetivo sea “atacar” a la clase política, de la que ellos forman parte y cuando -ha recalcado- es el único grupo de la Asamblea que tiene entre sus filas a un imputado.