Unidas por Extremadura denuncia el “uso partidista” que Guardiola hace de las infraestructuras

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que haga “un frente amplio” con las “verdaderas demandas” de la sociedad extremeña, entre ellas las infraestructuras ferroviarias, en lugar de “instrumentalizar” y hacer “política partidista” con esta cuestión. 

Se ha referido así en rueda de prensa al ser cuestionada por la propuesta de pronunciamiento que ha registrado el PP para que el Gobierno central “agilice” los plazos de llegada de la alta velocidad a Extremadura y sea una realidad en 2030, como estaba comprometido. “Si en lugar de una propuesta de pronunciamiento hubieran presentado una declaración institucional seguramente que estaríamos todos apoyándola, pero hacer una propuesta simplemente para atizarle al gobierno de coalición cuando los gobiernos del PP han hecho nada y menos por el tren”, ha apostillado De Miguel, quien ha recordado que “Mariano Rajoy prometió la llegada del AVE en 2018”.  En su opinión, que PP y Vox intenten “abanderar ellos solos” las demandas de Extremadura “hace flaco favor” al consenso y la unión que deberían suscitar cuestiones que son “transversales y básicas” como el ferrocarril. 

Sobre el retraso hasta 2032 en la finalización de la línea de alta velocidad, ha recordado que “los plazos en Extremadura no se cumplen desde hace décadas”, pero ha valorado la determinación del ministro de Transportes, Óscar Puente, al asegurar que “si Castilla-La Mancha no se pone de acuerdo en el itinerario tomarán una decisión el ministerio” para no demorar más esta infraestructura.

De Miguel ha aludido también al tren Ruta de la Plata, una infraestructura de “suma importancia” para el oeste peninsular y por la que tanto PSOE como PP “han hecho mucho poco”, al tiempo que ha reclamado que si Europa no pone los fondos para su reapertura, lo haga el Gobierno con sus propios fondos ayudado por las comunidades autónomas. 

Por otro lado, la portavoz de Unidas por Extremadura ha evidenciado “otro tirón de orejas” a Guardiola después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aclarase que las declaraciones de su consejero Javier Dies, “nombrado por el PP”, sobre que había que “ampliar la vida útil” de la Central Nuclear de Almaraz (CNA) tras reunirse con la presidenta extremeña fueron “a título propio”.

El organismo, ha subrayado De Miguel, recordó que la representación institucional del mismo la ostenta su presidente y que su misión es garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica en España y, “en ningún caso, hacer valoraciones acerca de la política energética”.

Frente a las alegaciones presentadas por PP y Vox al Plan Nacional de Energía y Clima donde piden que la CNA “continúe porque es una energía limpia”, Unidas por Extremadura considera que la central tiene que cerrarse y “no hay ninguna excusa para no hacerlo, ni siquiera el empleo”, con la puesta en marcha de la gigafactoría en Navalmoral de la Mata y el propio desmantelamiento durante diez años.

Preguntada por el viaje mañana a Bruselas de Guardiola, que este lunes visita también la CNA, espera que defienda los intereses de Extremadura y “no del oligopolio eléctrico que saca jugosos beneficios de Almaraz”. “Estamos muy cansadas de que Extremadura sea una colonia energética para el beneficio de estas grandes empresas que ni tributan aquí y que consideran que puede convertirnos en un cementerio nuclear, alicatar nuestras tierras fértiles de placas fotovoltaicas y secar nuestros embalses para producir energía hidráulica a menor coste”, ha apostillado. 

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En otro de orden de asuntos, con motivo de la reciente concentración de jornaleros a las puertas del ministerio, ha abogado por cambiar “el modelo del campo de manera radical” y ha exigido a la Junta una estrategia regional para garantizar los derechos laborales de los trabajadores y la presencia de estos en los “momentos más puntuales”. 

Para la portavoz de esta formación, se trata de “un sector estratégico indispensable” pero que está “muy precarizado” y del que se vulneran sus derechos en muchas ocasiones, especialmente de los inmigrantes “irregulares”, que son tratados como “mano de obra esclavizada”. 

Por ello, ha recalcado la necesidad de aportarles “certidumbre, seguridad, sueldos dignos y formación para avanzar hacia la profesionalización”, mientras que ha rechazado “ideas peregrinas” como eliminar subsidios y “obligar a que la gente trabaje en el campo”, pues esto “no es asegurar el futuro del sector”.

Al mismo tiempo, ha abogado por garantizar el cumplimiento de la “condicionalidad social”, de manera que “si alguien no cumple con los derechos laborales, deberá ser sancionado con la eliminación de los derechos de PAC”.