La empresa responsable de los servicios de mantenimiento, protección y lucha contra incendios en la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) ha despedido a 23 de sus empleados por incumplimientos detectados y acreditados en su trabajo. Estos incumplimientos “no han supuesto en ningún momento riesgo ni compromiso para la seguridad de la planta”, según han afirmado fuentes de la adjudicataria del servicio. En este mismo sentido se expresó la Central Nuclear de Almaraz (CNA) el pasado 19 de febrero a la hora de trasladar una nota informativa al Consejo de Seguridad Nuclear cuando comunicó que “no se había realizado de forma adecuada una de las rondas horarias de vigilancia de protección contra incendios”. Los citados incumplimientos alegados por la adjudicataria para el despido disciplinario de 23 de sus trabajadores hacen referencia a las frecuencias en las rondas de vigilancia de Protección Contra Incendios (PCI).
No obstante, esta falta de diligencia laboral, según han reiterado, “no ha supuesto en ningún momento riesgo ni compromiso para la seguridad de la planta ni han afectado a su normal funcionamiento”.
No hacían rondas de vigilancia
De hecho, existen otros sistemas operativos de vigilancia y control de incendios en la CNA. Las rondas de vigilancia constituyen, según han agregado, un sistema de apoyo que refuerza otros sistemas existentes. Igualmente, la compañía aplicará la suspensión de empleo y sueldo por un período de entre uno y dos meses a seis jefes de equipo por falta de diligencia en sus funciones de control y supervisión en la ejecución de las rondas. Tras una investigación interna y una vez concluido el trámite de alegaciones y valoradas éstas, la compañía imputa a los trabajadores implicados la comisión de una infracción laboral “muy grave”, pues los hechos probados suponen “la inobservancia de las instrucciones y procedimientos de trabajo establecidos” y “una evidente e inaceptable transgresión de la buena fe contractual”. Desde el momento en que se detectaron los hechos, y en espera de la conclusión de la correspondiente investigación interna, la empresa tomó las medidas cautelares necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de vigilancia. De ahí que, tras el cese temporal del personal implicado en el expediente abierto, la adjudicataria incorporó a nuevos empleados, todos ellos con acreditación de la formación necesaria para suplir las funciones de los trabajadores que hasta la fecha han estado en suspensión transitoria.